El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pidió hoy al Consejo de la Magistratura que abra una investigación para determinar si el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla violó sus “deberes de imparcialidad y reserva” por las revelaciones que realizó en torno a una causa a su cargo cuando expuso el miércoles ante una comisión de Diputados en el Congreso de la Nación.

Para presentar la solicitud, el Ministerio envió una nota al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo, Juan Bautista Mahiques, en la que advirtió sobre una aparente “finalidad política” del juez al realizar declaraciones ante la comisión presidida por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau.

La cartera que dirige Germán Garavano pidió al Consejo que se encarga de designar y remover magistrados que investigue el accionar de Ramos Padilla ante la “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”, tras la exposición del magistrado en el Congreso.
Al respecto, cuestionó la actitud del juez por señalar “como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados”.
El ministerio pidió que se investigue si Ramos Padilla incurrió en incumplimiento de sus funciones de juez porque “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”.
Y, apuntó que “no sólo careció de imparcialidad sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Justicia indicó también, en un comunicado, que en la nota remarcó “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un juez federal”.
Asimismo, resaltó la “evidente finalidad política” que parece dirigir el accionar del juez, al solicitar su pedido de colaboración “a dependencias a las que no correspondía, como lo es el programa Verdad y Justicia, omitiendo con plena conciencia y conocimiento la obligación de requerir a aquellas que se encuentran reguladas por la ley a tales efectos, como el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”, atento que el programa Verdad y Justicia solo puede intervenir en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad”.
“Ramos Padilla no puede desconocer que este Ministerio siempre prestó colaboración en todos los procesos judiciales en los que fue requerido conforme las disposiciones legales vigentes”, acotó.