El Ejecutivo nacional hizo oficial este lunes la designación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que habían sido propuestos por el presidente, Javier Milei, para ocupar plazas vacantes en la Corte Suprema, nombramientos que deberán ser ratificados por el Senado.

Después de publicados los dos avisos en el Boletín Oficial del Ministerio de Justicia, la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos tienen 15 días para fundamentar ante esa cartera las observaciones sobre los aspirantes.

Dado que las candidaturas ya habían sido propuestas el mes pasado, García-Mansilla fue respaldado, pero Lijo ha acumulado rechazos de asociaciones de abogados, de la sociedad civil y del ámbito judicial.

Para que ambos juristas puedan ser nuevos miembros de la Corte, deberán contar con el acuerdo de una mayoría de dos tercios en el Senado, en un contexto en que el oficialismo tiene una posición minoritaria, por lo que deberá contar con el respaldo del resto de los bloques.

García-Mansilla es un abogado, experto en Derecho Constitucional, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral desde 2019.

Ocuparía el lugar del juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, que cumplirá 75 años el 29 de diciembre, cuando la ley lo obligará a abandonar su cargo.

Lijo es juez federal desde 2004 y ocuparía la vacante dejada en el órgano por Elena Highton de Nolasco, que salió de la Corte Suprema el 1 de noviembre de 2021.

Con competencia en la investigación de delitos como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, delitos contra el orden constitucional, requerimientos internacionales de extradición y fraudes marcarios, Lijo ha participado en procesos judiciales muy conocidos en Argentina.

El magistrado investigó causas por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura militar de Argentina (1976-1983) y otras asociadas a irregularidades en las pesquisas por el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

Además del llamado ‘caso Ciccone’, por el que fue condenado a prisión el exvicepresidente Amado Boudou, Lijo también investigó causas en las que estuvieron involucrados funcionarios de los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y senadores del peronista Frente para la Victoria -luego denominado Frente de Todos y hoy Unión por la Patria.

Si bien el Ejecutivo de Milei defendió la postulación de Lijo por ser un penalista, los cuestionamientos piden juristas imparciales y de moral intachable y recuerdan denuncias públicas en su contra.