El Ministerio de Transporte de la Nación dispuso un monto de $ 10.500 millones como asistencia financiera para el segundo trimestre a las empresas de transporte colectivo de pasajeros urbano y suburbano del interior del país, a razón de $3.500 millones por mes.

La medida se estableció a través de la Resolución 263/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, luego de que la cartera encabezada por Alexis Guerrera ratificara ayer el compromiso de asistir a las provincias por un total de $ 46.000 millones en todo el año, a través del Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país.

El desembolso implica un ajuste del 9,375% respecto de los $ 9.600 millones aportados en el primer trimestre, con lo que en la primera mitad del año se completarán $ 20.100 millones, el 43,7% del total comprometido para todo el ejercicio 2022.

La resolución reseña en sus considerandos los diferentes pasos administrativos que debieron tomarse a partir de la prórroga por decreto del Presupuesto 2021, ya que el proyecto de ley previsto para este año fue rechazado por la oposición en el Congreso.

Al respecto, cita la Resolución 82 del 11 de febrero de este año, en la que se estableció la distribución del Fondo Compensador para enero, febrero y marzo por un monto de hasta $ 3.200 millones mensuales, totalizando $ 9.600 millones para el primer trimestre.

El 21 de abril, la Subsecretaría de Política Económica y Financiera de Transporte consideró oportuno propiciar la continuidad de las condiciones de distribución, con el fin de realizar tres nuevos pagos mensuales y consecutivos, por la suma de $ 3.500 millones para abril, mayo y junio, totalizando $ 10.500 millones en el segundo trimestre.

El Fondo Compensador -que comprende una asistencia económica para el transporte de pasajeros- es un acompañamiento extraordinario que realiza el Gobierno nacional a las provincias, que son las responsables de sostener el sistema de transporte público en base a lo firmado en el pacto fiscal rubricado en 2018.

La asistencia se dispuso en el marco de una disputa con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en torno del pago de subsidios a 32 líneas de colectivos con recurrido exclusivo dentro del distrito porteño.