Por Ramiro Melucci

“Nos mintieron”. Las fuertes palabras del secretario de Producción, Fernando Muro, contra el nuevo decreto presidencial fueron repetidas hasta el infinito puertas adentro del municipio desde el viernes a la noche –el momento en que se publicó en el Boletín Oficial–. “Hay que decirle la verdad a la gente: de esto no salimos nunca más”, comentaban ayer cerca del intendente Guillermo Montenegro.

La realidad había cambiado en forma abrupta. “Son nueve días y a partir de ahí vamos a volver a lo que estábamos viviendo hasta hoy”, había dicho el intendente el viernes a la tarde. Ya no pensaba lo mismo unas horas después, cuando vio la modificación reglamentaria introducida por Alberto Fernández. Ahora ya nadie puede garantizar que cuando termine el confinamiento estricto la ciudad recuperará las actividades que tuvo habilitadas hasta el último viernes. Más bien todo lo contrario.

Cuando el primer fin de semana de mayo Montenegro logró que el distrito no fuera considerado en “alarma epidemiológica y sanitaria”, lo que hubiera supuesto la caída automática a la fase 2 (la que no permite las clases presenciales), repitió a oídos del Presidente que Mar del Plata cumplía uno solo de los dos parámetros que precisaba un municipio de más de 300 mil habitantes para caer en aquella condición: el de incidencia. Es decir que tenía más de 500 casos por 100 mil habitantes acumulados en los últimos 14 días.

En cambio, insistió el jefe comunal, no cumplía con el segundo requisito: el de tener una ocupación de camas de terapia intensiva superior al 80%. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, comprendió las razones del intendente. Y la Provincia, en la misma línea, en lugar de arrastrar a Mar del Plata a la fase 2 la dejó en la 3.

La novedad del último DNU es que para estar en zona de alarma ya no se necesita alcanzar los dos parámetros a la vez (el epidemiológico y el sanitario). Con uno solo alcanza, porque la Nación reemplazó la letra “y” por una “o”.  De allí que en las últimas horas el municipio haya sido ubicado de nuevo entre los más complicados del país, junto al conurbano, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otras grandes urbes.

Si esta semana la Provincia actualizara la distribución en el sistema de fases –algo que ya avisó que no hará porque se tomará unos días para adaptar el decreto presidencial a su normativa– no habría dudas de que Mar del Plata estaría en fase 2, que es donde la administración de Axel Kicillof coloca a los distritos que están en “alarma”.

Esa fase obliga al cierre comercial y gastronómico a las 19 y prohíbe la circulación desde las 20. Además de las clases presenciales no permite el ingreso de clientes en los comercios, el funcionamiento de bares y restaurantes en el interior ni la apertura de shoppings. Tampoco las actividades impedidas en la fase 3, como deportes en espacios cerrados, gimnasios, natatorios, misas y cines.

Si esta semana la Provincia actualizara la distribución en el sistema de fases –algo que ya avisó que no hará– no habría dudas de que Mar del Plata estaría en fase 2.

“Este nuevo aislamiento no será solo por nueve días”, sentenció Muro antes de asegurar que a la Municipalidad “le mintieron”, en la embestida más fuerte del gobierno local a la Nación desde que Alberto Fernández es presidente. “Es que esto lo hicieron por Mar del Plata. Es el pase de facturas de lo que pasó hace 20 días”, machacaban ayer en la mesa chica del jefe comunal.

¿Qué debería suceder para que dentro de una semana el escenario cambie? Una disminución de los contagios. Lo que no parece nada sencillo: la semana pasada fueron en ascenso permanente, hasta romper el récord de casos diarios en lo que va de la pandemia.

Los anuncios dejaron además algunos puntos discordantes en los discursos del gobernador y el intendente. Kicillof postuló que no hay ningún lugar seguro cuando el virus está por todos lados; Montenegro insistió en que los contagios no se producen donde hay protocolos, sino allí donde no existen: las reuniones sociales y las fiestas clandestinas.

Kicillof mencionó entusiasmado los “hitos” del plan de vacunación; Montenegro marcó la necesidad de acelerarlo y hasta volvió a poner a disposición los centros de salud municipales –ya rechazados hace tiempo por las autoridades provinciales– con la secreta intención de recordar que la campaña pudo desarrollarse de otro modo.

Son pequeñas muestras de las discrepancias que subyacen en la gestión de la pandemia, que se amplifican en boca de legisladores. Apenas terminó de hablar Alberto Fernández, los concejales del Frente de Todos ratificaron que “es el peor momento” y llamaron a acompañar las nuevas medidas, mientras que los del oficialismo local lamentaron la “falta de vacunas”. Ese fuego cruzado, atizado por el calendario electoral, constituye la principal diferencia de este segundo confinamiento con el primero, que fue aceptado sin mayores objeciones.

El bloque opositor volvió a poner en el centro de la escena la política sanitaria del municipio. Marina Santoro, presidenta de la comisión de Salud del Concejo Deliberante, se metió de lleno en la discusión de las rendiciones de cuenta de 2020 al sostener que el año pasado la comuna “invirtió solo cinco pesos por vecino en salud”. El oficialismo no respondió, pero sí lo hizo después de que los también opositores Marcos Gutiérrez, Virginia Sívori y Ariel Ciano presentaran un proyecto para que el municipio exima del pago de tasas a establecimientos hoteleros, campings, teatros, operadores turísticos, centros culturales y salones de fiesta. Con argumentos calcados (que la situación es igual o peor a la del año pasado), la radical Vilma Baragiola reclamó una eximición o reducción del Impuesto Inmobiliario para los sectores productivos.

El fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición, atizado por el calendario electoral, constituye la principal diferencia de este segundo confinamiento con el primero.

El gobierno municipal observó aquellos entretelones con la tranquilidad de haber dado pasos firmes en dos asuntos cruciales en el inicio de la semana: la continuidad del transporte y la relación con los municipales. En un solo día el oficialismo unificó y aprobó en las comisiones de Movilidad Urbana y Legislación la delegación de facultades al intendente para aumentar el boleto, declarar la emergencia y garantizar el servicio. Las medidas presentan una similitud con tantas otras claves para Montenegro: son acompañadas por Acción Marplatense y resistidas por el Frente de Todos.

El acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Municipales, en cambio, demoró más de lo esperado. La foto final fue la de un municipio que aceptó, con algunas variaciones de forma, el pedido que 15 días antes había formulado el gremio: un incremento de 36% en cuatro pagos. Pero se impuso en el criterio de no otorgar un porcentaje referido a lo que perdieron los agentes el año pasado, un ítem que formaba parte del primer paquete de reclamos sindicales.

Con esos asuntos resueltos o en vías de resolución (la batería de medidas del transporte todavía debe ser aprobada en sesión), la administración podrá concentrarse de lleno en la pandemia y en el control de las restricciones. También en la manera de encarar la nueva batalla por las aperturas.