La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó que el Gobierno les exigirá a los beneficiarios de planes sociales que completen sus estudios para seguir percibiendo ese ingreso, al tiempo que aumentarán los controles de quienes reciben ese tipo de beneficios.

“Estuvimos trabajando mucho en la actualización de datos de quienes cobran planes sociales y encontramos que más del 60% de las personas que cobran planes sociales no terminó el colegio secundario, y nos pareció importante poder acompañarlos en este proceso”, afirmó Stanley.

La funcionaria consideró que “la educación y el trabajo son los pilares básicos para ayudar a una familia a salir de una situación de pobreza y vulnerabilidad”.

Además, señaló en declaraciones a Radio Mitre que “cualquier empleo hoy en día pide que una persona haya terminado su secundaria”.

Stanley aseguró que la iniciativa es “a favor de la gente” y que no cree que genere “resistencias”, al tiempo que explicó que viene dialogando sobre este tema “con las organizaciones sociales” y que el objetivo es tratar “caso por caso”.

“Buscamos entender qué necesita cada persona y trabajar para cada una de ellas. Empezamos en noviembre en las oficinas de ANSES de todo el país con la actualización de datos, conociendo a cada persona: qué hacen, cuál es su nivel de educación, en que se han capacitado, en qué se quieren capacitar, y en qué quieren trabajar el día de mañana”, indicó.

La ministra destacó que la intención del Gobierno nacional es que cada beneficiario de un plan social pueda “acceder a alguno de los diferentes mecanismos para terminar el secundario” y luego “capacitarse para trabajar de lo que quieren”.

Precisó que pueden trabajar, por ejemplo, “en las conexiones de agua en casas y barrios, en las veredas, y en todo lo que hace a la integración urbana”.

Según publicó hoy el diario Clarín, el plan del Gobierno incluye que ya no sean las organizaciones sociales quienes gestionan el reparto de planes.

Se trata de unas 50 organizaciones que dejarían de percibir unos 12.000 pesos anuales por cada beneficiario.

Lo mismo pasaría con los municipios, los cuales reciben 18.000 pesos por beneficiario.

Según la versión, con esa política el Ejecutivo tendría un ahorro de unos 1.500 millones de pesos que serían destinados a obras de infraestructura en zonas vulnerables.