El Gobierno Nacional reglamentó el Programa de Clemencia, una figura que concede el beneficio de exención o reducción de multas a aquellas personas, humanas o jurídicas, que reconozcan una conducta anticompetitiva ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Aunque desde el Gobierno niegan toda vinculación, la medida se conoció en medio de la pelea con las empresas de medicina prepaga por la devolución de las cuotas cobradas de más en los primeros cinco meses del año y de cómo se actualizarán en lo sucesivo.

“Esta herramienta se encuentra prevista en la ley 27.442 de Defensa de la Competencia, vigente desde el 2018. A partir de la Resolución 98/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, el programa de Clemencia pasa a estar reglamentado y vigente”, señalaron desde la cartera a cargo de Pablo Levigne.

Según se indicó “la Clemencia otorga la posibilidad de que las empresas puedan reducir las sanciones por sus conductas perjudiciales para la competencia, como la conformación de carteles y acuerdos de precios abusivos, si denuncian y colaboran con la CNDC en la investigación de dicha práctica”.

La figura se asemeja a la ley del “arrepentido” que permite reducir la pena por el delito cometido si la persona colabora con la causa.

Durante las últimas negociaciones, el Gobierno se negó a dejar sin efecto las denuncias por cartelización que realizó tras los últimos aumentos dispuestos por las compañías.

Los programas de Clemencia se aplican en países como México, Brasil, Uruguay y España, donde existe esta medida desde hace más de 20 años.

Comercio sostuvo que “en Latinoamérica, por ejemplo, el 47% de las investigaciones a carteles comenzaron gracias a programas de Clemencia, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”.

“Un caso concreto es el de Brasil, donde a partir de la reglamentación del beneficio de Clemencia en el año 2000, en materia civil, comercial y administrativa, se incrementó significativamente la detección de carteles. De 60 casos analizados entre 2015 y 2019, 36 provenían de programas de Clemencia”, detalló la secretaría.