El gobierno nacional liberará esta semana el segmento mayorista de combustibles y esto significará para las petroleras la primera flexibilización del congelamiento de precios que regirá hasta mediados de noviembre, a la vez que reconocerá un tipo de cambio de $50 por dólar para las operaciones del sector.

Así lo informaron fuentes del Palacio de Hacienda al aclarar que ninguna de estas modificaciones al DNU 566 se verá reflejada en las estaciones de servicio, es decir en el precio e naftas y gasoils que pagan los particulares, con lo cual se descartó la posibilidad de dar vía libre a un aumento en los productos premium.

Las nuevas medidas fueron anunciadas a las compañías en una serie de reuniones que se sucedieron el viernes entre el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y los directivos de las petroleras, lo que se traducirá en un nuevo DNU modificatorio que se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días.

El decreto original que generó el reclamo por igual de compañías y gobernadores de provincias petroleras aplicó un tipo de cambio de referencia de $ 45,19 por dólar y un precio de referencia Brent (el valor del crudo en el Mar del Norte) de US$ 59 el barril.

Con esas referencias, el precio tope de naftas y gasoil en todas sus calidades, comercializados en todos los canales de venta, durante los 90 días corridos siguientes a la entrada en vigencia de la medida, no deberían ser superior al precio vigente al 9 de agosto último.

Ahora, tras dos semanas de diálogo, el Gobierno flexibilizará los alcances del congelamiento para el segmento mayorista, es decir el vinculado a la actividad agropecuaria, la minería, el transporte comercial y sectores industriales que son grandes consumidores y se rigen por contratos privados.

A la vez, se reconocerá un tipo de cambio de $50 por dólar, superior al actual de $45,19 según el decreto 566 pero muy por debajo de los casi $59,51 en que cerró el mayorista el viernes.

Este diferencial de cambio es “una subvención” que absorberá el Estado nacional y que tendría un costo fiscal estimado en 1.500 millones de pesos, una figura (la del subsidio) que es conceptualmente rechazada por las productoras, tal como aseguró el CEO para Argentina de Vista Oil&Gas, Gastón Remy.

“Rechazamos de manera terminante la propuesta de subsidio ofrecida. Los productores no queremos ningún subsidio, e insistimos que lo que se debe hacer es buscar una carga equilibrada entre refinadores y productores”, dijo Remy tras conocerse la propuesta, en declaraciones difundidas por su compañía.

Vista es hasta el momento es la única compañía que recurrió a la justicia Federal en lo Contencioso Administrativo para demandar la nulidad del decreto 566, mientras que las provincias petroleras hicieron lo propio ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la norma.