El Gobierno finlandés presentará la próxima semana en el Parlamento un proyecto de ley que restringe el acceso de los inmigrantes sin papeles a la sanidad pública no urgente, pese a las críticas de médicos y ONG’s, denunció este martes la Plataforma de Cooperación Internacional para Migrantes Indocumentados (PICUM).

Los inmigrantes sin papeles tendrían vetado el acceso a la asistencia sanitaria no urgente y a los servicios sociales, salvo contadas excepciones, según esta propuesta, incluida en el programa de gobierno a instancias del partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses.

De ser aprobada, la nueva ley se aplicará a todos los indocumentados excepto a los niños, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y quienes se encuentren “en situación de extrema vulnerabilidad sanitaria”, aunque no se especifica en qué consiste esta situación ni cómo se evaluará.

Asimismo, se establece otra excepción en caso de que sea necesario administrar vacunas o tratamientos médicos contra ciertas enfermedades infecciosas que puedan suponer un riesgo para la salud pública.

Con esta reforma legislativa, el Ejecutivo finlandés pretende derogar una ley promulgada en 2023 por el anterior Gobierno de centro-izquierda, que permitía a los sin papeles acceder a cualquier tipo de atención sanitaria que fuera considerada necesaria por el personal médico.

La nueva ley permitirá ahorrar al Estado unos 300.000 euros anuales, apenas el 0,001 % de los 24.100 millones de euros del gasto presupuestado para sanidad y servicios sociales en 2024, según estimaciones del propio Gobierno.

“Quienes han presentado esta propuesta dicen que no tenemos dinero suficiente para todos y que el acceso completo a la atención sanitaria atraería a más gente a Finlandia. Sabemos que esto no es cierto y que, en realidad, es más barato tratar las enfermedades con antelación mediante la atención primaria que tratarlas luego de urgencia”, señaló Aino Tuomi-Nikula, asesora de Médicos por la Responsabilidad Social (PSR).

Según denunció PICUM en un comunicado, si la ley es aprobada, enfermedades como la diabetes o el asma podrían quedar sin tratamiento, con graves riesgos para la persona y mayores probabilidades de que acabe en urgencias en el futuro, por lo que pidió que se rechace el proyecto de ley.

“La asistencia sanitaria es un derecho humano básico, no un privilegio reservado a algunos. Esta ley, de aprobarse, provocaría sufrimiento y traicionaría el compromiso de Finlandia con la igualdad y la justicia”, dijo Louise Bonneau, portavoz de PICUM.

Otras oenegés y organizaciones profesionales se sumaron a las críticas, entre ellas el Centro de Asesoramiento para Refugiados de Finlandia, que calificó el proyecto de ley de “muy problemático”, ya que -en su opinión- incumple las obligaciones internacionales del país nórdico en materia de derechos humanos.