por Mathieu Gorse

MADRID, España.- Presionado por el auge de fuerzas antiseparatistas en España, el gobierno socialista abandonó su tono conciliador con los independentistas catalanes y amenazó con asumir la garantía del orden público si la región es incapaz de hacerlo.

Al frente de un Ejecutivo minoritario desde junio, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, venía realizando una labor de equilibrista, multiplicando sus gestos hacia los separatistas con la esperanza de obtener sus necesarios votos para aprobar los presupuestos de 2019.

Pero esta política conciliadora, denunciada con fuerza por la derecha, contribuyó a la debacle de los socialistas en las elecciones regionales andaluzas del 2 de diciembre.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, previno el lunes a las autoridades catalanas de que si la policía regional, los Mossos dEsquadra, no ejerce “las funciones que constitucional, estatutaria y legalmente le incumben”, las fuerzas de seguridad del Estado intervendrán.

Esta advertencia, que dominó las primeras páginas de la prensa española este martes, se produjo luego de un corte por 15 horas el sábado de la autopista AP-7 que une la costa mediterránea española con Francia por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR), sin que los Mossos intervinieran.

Posteriormente, el domingo, los activistas radicales de estos grupos creados para forzar la ruptura con España, habituados a realizar actos relámpago, levantaron las barreras del peaje de dicha autopista.

Los Mossos, entre dos fuegos

Cataluña, el País Vasco y Navarra son las tres regiones autónomas españolas que disponen de su propia policía. En el resto, el orden está garantizado por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Pero en la región catalana, los Mossos se encuentran entre dos fuegos. Por un lado, sus antiguos responsables esperan juicio acusados de haber participado en la tentativa de secesión de Cataluña de octubre de 2017.

Por el otro, el presidente regional catalán, el independentista Quim Torra, que abiertamente alentó en octubre a sus “amigos” de los CDR a “apretar”, reclamó la semana pasada cambios en la dirección del cuerpo policial tras choques violentos entre agentes y militantes de los CDR. Algo que finalmente el ministro catalán del Interior declinó hacer.

Con su amenaza de asumir el control del orden público en Cataluña, Madrid busca también garantizar el normal desenvolvimiento de un consejo de ministros previsto el 21 de diciembre en Barcelona, que ya separatistas radicales han prometido paralizar con manifestaciones.

Contrarrestar el giro a la derecha

En el marco de la política nacional, Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa en momentos en que la derecha lo acusa de ser rehén de los independentistas catalanes.

El discurso antiindependista brindó réditos a la derecha y a la ultraderecha en los pasados comicios en el feudo socialista de Andalucía, en lo que fue la primera prueba electoral desde la llegada de los socialistas al poder en Madrid.

Y los llamados de la oposición a Sánchez para que tenga mano dura frente a los independentistas se reforzaron luego de que Torra exhortara el sábado a los catalanes a seguir el ejemplo de Eslovenia, que desató un conflicto que dejó 62 muertos al proclamar unilateralmente su independencia de Yugoslavia en 1991.

“Los resultados en Andalucía han reforzado el viraje a la derecha del electorado español y la radicalización del panorama en Cataluña crea un escenario en el cual Sánchez se ve forzado a hacer algún gesto para demostrar que el gobierno no está dispuesto a permitir una deriva de los CDR en Cataluña”, estimó a la AFP Oriol Bartomeus, profesor de políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Pero una ruptura total con los separatistas catalanes, sin quienes le sería imposible a Sánchez hacer aprobar los presupuestos que planea presentar en enero, pondría en peligro antes de lo previsto la sobrevivencia de su Ejecutivo.

“Si el tema con Cataluña se va agudizando, evidentemente no es posible mantener el calendario electoral”, que según muchos observadores incluye legislativas en otoño, “y vamos a tener convocatoria electoral cuasi inmediata”, agregó Bartomeus.

AFP-NA