El Gobierno nacional denunció un millonario fraude al Estado por el otorgamiento irregular de pensiones por invalidez durante anteriores administraciones.

Según informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, una auditoría hecha por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores detectó “una actividad fraudulenta a gran escala” con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año.

De acuerdo a la auditoría, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045, mientras que a diciembre de 2023 esa cifra se ubicaba en 1.222.000 beneficiarios.

Adorni afirmó que se trata de un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”.

Entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, el portavoz mencionó que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez, de las cuales el 65 % fue otorgada en menos de 30 días.

También mencionó el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba para conseguir 150 pensiones por invalidez.

Asimismo, señaló el caso de un médico que en 2022 adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro.