El Gobierno nacional oficializó la transformación de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima y dispuso que el Estado Nacional tome la deuda que tenía la compañía.

Lo hizo a través del decreto 115/2025 firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado hoy en el Boletín Oficial.

En los considerandos de la decisión el Gobierno señaló que el objetivo es “optimizar la explotación del complejo minero-carbonífero, ferroviario, portuario y energético”.

Por otro lado, el decreto establece que el Estado nacional se hará cargo de las deudas que tenía la empresa ahora convertida en Sociedad Anónima.

En su artículo 14 el decreto faculta al jefe de Gabinete a “realizar las modificaciones presupuestarias que fueran necesarias” para dar cumplimiento al decreto y si fuera necesario realizar “aportes transitorios o de capital a la sociedad transformada”.

El Estado Nacional mantendrá una participación mayoritaria en el capital social. La representación de las acciones se distribuirá con un 95% a través de la Secretaría de Energía y un 5% por medio de la Secretaría de Minería, ambas dependientes del Ministerio de Economía.

Se transfieren a Carboeléctrica Río Turbio S.A. todos los bienes muebles e inmuebles, activos, créditos, marcas, registros, patentes y demás bienes materiales e inmateriales. También se transfieren los recursos humanos necesarios para el desarrollo de su objeto social.

El personal de YCRT pasará a depender de la Ley de Contrato de Trabajo Nø 20.744, preservando sus derechos adquiridos. Se establece un plazo de 180 días para negociar un Convenio Colectivo de Trabajo.

Los pasivos de YCRT serán asumidos por el Estado Nacional, a través del Ministerio de Economía. Carboeléctrica Río Turbio S.A. deberá presentar un presupuesto para el año 2025 en un plazo de 60 días.

Por otro lado, se declara “sujeta a privatización” al Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de YCRT.

Para tal fin, el Estado Nacional podrá organizar un programa de propiedad participada e incorporar capital privado, manteniendo el control o la participación mayoritaria en el capital social.