LA PLATA (Corresponsalía).- El gobierno bonaerense creó el Observatorio de Acceso a la Justicia para avanzar en la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos y la asistencia a las víctimas de delitos.

En la Resolución N° 1673 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia publicada en el Boletín Oficial de esta mañana, se especificó que el Observatorio funcionará bajo la órbita de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima y que estará integrado por 3 profesionales o técnicos/as en Ciencias Sociales, 1 profesional o técnico/a en Informática y 1 administrativo/a.

Como parte de sus tareas principales deberá “recopilar, sistematizar y analizar los datos e información respecto al acceso a derechos” y “desarrollar un sistema de información permanente de orden consultivo que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas que garanticen el acceso a derechos y la asistencia a víctimas”.

El nuevo órgano tendrá también a su cargo la elaboración de “informes generales para su posterior publicación y divulgación social” y la generación de “espacios de articulación y cooperación entre la Dirección Provincial de Acceso a Justicia y Asistencia a la Víctima y organismos gubernamentales, sociales y académicos, para intercambiar y actualizar información de manera permanente”.

En la Resolución que lleva la firma del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, se dejó además establecido que se deberá “promover la celebración de Convenios y Acuerdos de Cooperación Interinstitucional para el desarrollo y persecución de los fines previstos en la presente” norma.

“Facilitar el acceso a la justicia”

Para justificar la creación del Observatorio, el gobierno de Axel Kicillof argumentó que “resulta necesario que desde el propio Estado se adopten políticas y acciones tendientes a facilitar el acceso a la justicia y derechos”.

“Es función de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima promover la implementación de herramientas efectivas” para “ampliar las políticas públicas tendientes al acceso a la justicia de los sectores vulnerables, elaborar estudios, informes y estadísticas”, agregó.