El gobierno de la provincia de Buenos Aires confía en que la Legislatura apruebe en los próximos meses la reforma del Código Procesal Penal, mediante la cual la gobernadora María Eugenia Vidal busca “poner a la víctima en el centro del proceso penal”.

“El nuevo Código busca lograr más equilibrio, dado que desde el Estado se busca proteger a la víctima de los delitos”, apuntó el ministro bonaerense de Justicia, Gustavo Ferrari, en una entrevista con Télam.

El proyecto de modificación del Código Procesal penal, enviado hace un año a la Cámara de Diputados bonaerense, apunta a garantizar la participación de las víctimas en todo el proceso judicial que se le siga al victimario.

También, pretende reducir la cantidad de recursos a los que puede apelar un delincuente para evitar ser encarcelado y dispone que el juez tenga en cuenta la reiteración delictiva a la hora de decidir la excarcelación de un reo.

“La idea es cambiar el paradigma. Antes, el victimario quedaba en el centro de la acción y ahora la víctima pasa a ser la privilegiada porque es la única que no quería ser parte de un proceso penal y de pronto se siente inmersa en un procedimiento. Por eso, necesita un apoyo absoluto por parte del Estado”, subrayó Ferrari.

Si se aprueba la reforma propuesta por el Ejecutivo, “la víctima va a estar informada, será escuchada y asistida”, apuntó.

La propuesta oficial pretende que las víctimas de delitos puedan conocer y participar de las decisiones de los jueces y opinar sobre el otorgamiento de determinados beneficios al condenado, como salidas transitorias o anticipadas.

“También limita las excarcelaciones. Establece la obligatoriedad que tiene el juez de escuchar a la víctima antes de determinar una libertad condicional, salidas transitorias o la salida en libertad de una persona”, describió el ministro de Justicia.

Remarcó que ello “no será vinculante, porque si la víctima se opone, el juez dejaría de tener razón de ser”, pero aclaró que el magistrado “sí tendrá que valorar y escuchar a la víctima antes de deliberar”.

Dijo además que los jueces “tendrán que aceptar apelaciones de la víctima y otras cuestiones que hacen a mayor garantía si estamos ante un proceso que defiende más a los ciudadanos que a aquellos que cometieron delitos”.

“Queremos cambiar los sistemas recursivos de forma que no puedan apelarse de manera infinita distintos tipos de sanciones que tienen los delincuentes cuando cometen algún delito”, indicó.

En la provincia de Buenos Aires hay “hasta siete sistemas recursivos, cuatro ordinarios y tres extraordinarios” señaló al subrayar que “el hábeas corpus terminó siendo un recuso para cualquier cosa”, por lo que el proyecto apunta a “que vuelva a ser una acción”.

La reforma apunta a que “el juez analice si la persona que quizá no se va a fugar ni tampoco tiene posibilidad de entorpecer el proceso, con el hecho de liberarlo va a seguir cometiendo delitos”, explicó.

“Es un elemento que el magistrado tiene que valorar, además de la peligrosidad. El hecho de la reiterancia hace que se piense que la persona va a seguir cometiendo delitos, por lo tanto hay que dejarla detenida”, puntualizó el ministro de Justicia.