El Gobierno avanzará con la privatización de casi 6 mil kilómetros de autopistas y rutas en todo el país. Anunció que habilitará la participación de capitales privados en la compañía Corredores Viales.

Según el Gobierno, el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% con relación a la tarifa técnica.

Se trata de la empresa pública que tiene a cargo sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre otras.

También controla las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.

El Gobierno dijo que los interesados, a cambio de obras se quedarán con el cobro de los peajes.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas -dependiente del Ministerio de Economía- será el área encargada de adoptar las medidas necesarias y concretar una serie de acciones.

Entre esas acciones, promoverá la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales, la ejecución de los procedimiento de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los corredores, la disolución y posterior disolución de Corredores Viales, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.

Según el Gobierno, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras, sin las restricciones que significa la ley de obra pública.

El vocero explicó también que, en 2023, la empresa registró un resultado económico negativo, con una deuda con proveedores de 142.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas por $268 mil millones.

Dijo que con estos resultados negativos, los argentinos aportaron $301.000 millones.