Por Ignacio Ortiz

La audiencia pública que se realizará esta semana para presentar la Canasta Básica Energética (CBE) y los nuevos criterios de subsidios para usuarios de menores ingresos de los servicios de gas y electricidad buscará plantear la superposición e incongruencia de beneficios que, aseguran desde el Gobierno, hicieron inequitativo e ineficiente el gasto público durante años.

La instancia de participación se realizará este jueves, desde las 10, para la redeterminación de la estructura de subsidios vigentes a fin de determinar el acceso al consumo básico y esencial de luz y gas natural incluyendo los beneficiarios del Programa Hogar, para la garrafa de GLP.

El nuevo esquema propuesto adoptará criterios de exclusión en los casos en que algunos de los integrantes del hogar cumple al menos una de las condiciones patrimoniales de posesión de 1 aeronave, 1 embarcación, al menos 2 propiedades inmuebles y si la antigüedad del automotor es menor a 5 años.

En el universo de los hogares que no hayan sido excluidos por el primer filtro de selección, el acceso al otorgamiento del subsidio se definirá al comparar los ingresos declarados por los miembros de un mismo hogar.

Para ello se valorarán los registros administrativos integrados en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS),.

Esta información se cruzará con el segundo criterio de selección, que es la Canasta Básica Energética y que indicará los consumos mínimos necesarios para la subsistencia de diferentes grupos familiares, en diversas regiones, meses del año y tipos de suministro.

Con este esquema, la Secretaría de Energía busca resolver “las incongruencias que resultan de la acumulación de los esquemas” de subsidios vigentes que coexisten y se acumulan en una misma factura.

De acuerdo con los estudios de consumo realizados a pedido de la Intervención del Ente Nacional Regulador del gas (Enargas), “la superposición de programas y la autorización de consumos bonificados sin límite, han ocasionado consumos excesivos en tanto la señal de precios no refleja los costos económicos de producir, transportar y distribuir la energía”.

“Además de incidir en el comportamiento de los usuarios, en el mediano y largo plazo se ve afectada la necesidad de inversiones en equipamiento basadas en precios distorsionados. El sector no se autofinancia y requiere de aportes del Tesoro Nacional para mantenerse”, se explicó.

Como ejemplos se destaca que un usuario que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica puede estar recibiendo hasta tres beneficios de manera simultánea: la bonificación por Tarifa Social, el cuadro tarifario correspondiente a ingresos bajos (N2 del RASE) y, si se encuentra en alguna de las localidades alcanzadas por la Ley 27.637, de Zona Fría donde los cuadros tarifarios equivalentes al 50% del costo pleno.

En cuanto a los criterios de inclusión de la Tarifa Social o del Régimen de Zona Fría, por los cuales resultan beneficiarios el titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o al titular de una Pensión como Veterano de Guerra, “se observa que tales situaciones no denotan por sí solas la necesidad de ayuda económica, sino que corresponden a un indicador que podría tenerse presente dentro de la situación de un hogar”.

Acerca de la utilización de diferentes parámetros sobre ingresos, como el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para Tarifa Social y el Registro Único Especial de Zona Fría y la Canasta Básica Total (para el RASE), se advierte que en la Canasta Básica Total se incluye, además de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud, entre otros.

En cambio, el SMVM registra únicamente ingresos sin tener en cuenta otros gastos que se realizan en el hogar.

También para la Secretaría se ha observado “un error en la metodología de ingreso al Registro Único Especial de Zona Fría, que incorpora de manera automática todas aquellas cuentas cuyas CUIT / CUIL del titular cumplen con los criterios determinados por la ley que creó el régimen”.

“De esta forma, se asignan subsidios a puntos de suministro para los que no se ha solicitado específicamente su incorporación”, se resaltó.

Por otro lado, se considera que el decreto 332/2022 representó un intento de segmentar a los consumidores en tres categorías N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios), mediante la aplicación de cuadros tarifarios específicos para las categorías N2 y N3.

“No obstante, este procedimiento no estableció ningún tope al consumo de energía subsidiada para la categoría N2”, se aseguró.

Adicionalmente, se plantea en la audiencia que el decreto 332/22 (de segmentación tarifaria) definió “condiciones para la actualización de los precios subsidiados que no resulta sostenible en el tiempo, poniendo techo a los ajustes sistemáticamente inferiores al resto de los precios de la economía, lo que provoca una espiral descendente en los precios con un monto de subsidios siempre creciente a financiar por el Tesoro Nacional”.

Finalmente, se alerta que la aplicación de criterios de inclusión automáticos referidos a la disposición de otros planes de subsidios, inclusiones masivas de barrios enteros identificados por polígonos georreferenciados, duplicación de beneficios por el mismo servicio “multiplicó destinatarios que no necesariamente lo necesitan o lo han requerido”.

La superposición de programas y subsidios, para la Secretaría, “confunde tanto a las autoridades de aplicación como a los usuarios, quienes desconocen el verdadero valor de los servicios y de los subsidios percibidos”. ”

“El solo hecho de no identificar en la factura el costo real de la prestación y el monto del subsidio impide que el usuario reconozca su verdadero costo”, sostiene la dependencia.

Télam.