LA PLATA (Corresponsalía)

La primera jornada de paro docente convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) registró una adhesión del 93%, de acuerdo con los datos dados a conocer por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) luego de un relevamiento realizado a través de sus Delegados de Escuela en más de 130 distritos de toda la Provincia.

Este altísimo porcentaje se da de bruces con la afirmación del ministro de Trabajo Bonaerense, quien había señalado que eran cada vez menos los maestros que se adherían a las medidas de fuerza propuestas por los gremios y que marcó que el porcentaje de adhesión apenas rozaba el 50%.

En ese sentido, la titular de la FEB Mirta Petrocini, sostuvo que “esta es una demostración del coraje y la convicción de los docentes que, a pesar de las constantes amenazas y del anuncio de descuentos, están firmes una vez más defendiendo no sólo un salario digno, sino a todo el sistema educativo de la Provincia”.

“Hoy recogimos la preocupación de muchos docentes que han recibido intimidaciones por haber realizado paros en abril y que amenazan con realizarles sumarios. Es vergonzoso y sigue siendo una práctica desleal por parte del gobierno, que ya venimos denunciando en reiteradas oportunidades” informó la representante de los trabajadores de la educación.

“Hay un reclamo que excede los salarial y que venimos realizando hace tiempo, sin tener respuesta por parte de las autoridades. Están desmantelando el sistema educativo público y somos los docentes y la comunidad educativa los únicos que, con mucho esfuerzo y hasta poniendo en riesgo nuestras vidas, sostenemos las escuelas” disparó la gremialista.

También se refirió a la oferta puesta sobre la mesa por el Ejecutivo, al sostener que “el gobierno insiste en hablar de un 19% de incremento salarial y de una cláusula de ajuste o revisión. Pero hemos demostrado con ejemplos que los ofrecimientos no conforman salario, porque los docentes seguimos viviendo con sueldos de diciembre de 2017”.

Petrocini cuestionó la confianza que merece el gobierno como contraparte negociadora al afirmar que “la cláusula de revisión implica que el gobierno convoque nuevamente en octubre. Si pasaron 100 días para que volviera a hacer una convocatoria, si tuvo que intervenir la Justicia para que hablaran con los docentes, si tuvo que haber una conciliación obligatoria para que nos recibieran, ¿qué confianza podemos tener en que nos vuelvan a convocar en octubre?”.

Tras confirmar la marcha que se realizará hoy a las puertas de la gobernación bonaerense, advirtió que “los docentes pueden definir la continuidad de medidas de fuerza en los próximos días. Todo va a depender de la voluntad que tenga el gobierno por dar una solución a este conflicto”.

Por su parte, el Secretario General del SUTEBA, Roberto Baradel, manifestó “esto va más allá de un conflicto salarial. Es una crisis social que ya excede lo educativo. En Buenos Aires faltan 1 millón de cupos de Comedores Escolares, 1 millón de chicos que no tienen para comer ni en su casa ni en la Escuela. Le reclamamos a las autoridades Escuelas seguras, Comedores Escolares para enfrentar esta crisis y salarios dignos”.

Sobre el acatamiento a la medida de fuerza, el titular del SUTEBA aseguró que “hay 900 Escuelas sin clases en Buenos Aires, lo que implica 500.000 chicos sin Educación. Las familias le están reclamando a la Gobernadora que se haga cargo de la Educación Pública. Exigimos que elaboren un Plan de Contingencia. Los establecimientos escolares deben ser seguros, no puede ser que un trabajador de la educación o un chico ponga en riesgo su vida por ir a la Escuela”.

Una visión diferente

Visto desde el lado del gobierno bonaerense, el acatamiento al paro alcanza apenas el 50% según fuentes oficiales que aseguran que “luego de relevar 9.838 escuelas a través de 135 Inspectores Distritales, 1.770 inspectores areales y más de 9.000 Directores de Escuelas, registramos un acatamiento al paro en el día 28 de agosto del 50% y 298 servicios educativos cerrados”.

Por su parte, el ministro Marcelo Villegas en declaraciones a una radio de Capital Federal indicó sobre los descuentos que “esto fue una definición de política pública desde el primer día, cuando no habíamos tenido huelgas en la provincia. El Estado no puede pagar un servicio, ni a un  privado ni aun dependiente del estado, que no haga la contraprestación debida. Cada día descuento es cercano a los 900 pesos”.

El funcionario del Ejecutivo provincial, también se refirió a la desconfianza que los gremios tienen sobre una nueva convocatoria al indicar que “nunca cortamos el diálogo y siempre hay conversaciones con distintos referentes. Nos reunimos con el equipo que está a cargo de la negociación y la Gobernadora, y la indicación es ‘seguir sacándole punta al lápiz’ y buscar cómo seguir acercando posiciones. Hoy por hoy no hay un día exacto para una próxima reunión con los gremios pero estamos trabajando con el ministro Lacunza, el ministro Sánchez Zinny en intentar de generar algún tipo de propuesta para convencer a nuestros interlocutores de que tenemos toda la intención de cerrar este conflicto”.

Miedo a la represión

Tras la violenta represión desatada el pasado 22 de agosto cuando se movilizaban los trabajadores del Astillero Rio Santiago, el diputado provincial del bloque de Unidad Ciudadana-Frente para La Victoria, Miguel Ángel Funes, en su rol de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires interpuso una acción constitucional de Habeas Corpus Colectivo ante la sospecha fundada de una posible represión policial contra los docentes, estatales, judiciales y trabajadores de Astilleros Rio Santiago que mañana se movilizaran en la ciudad de La Plata hacia la Casa de Gobierno bonaerense.

La solicitud de resguardo se tramita en el Juzgado N 1 de Garantías de La Plata y en concreto se le requiere al Juez que le ordene al Ministerio de Seguridad Bonaerenses sus efectivos policiales afectados al operativo de seguridad de la movilización de mañana se les tenga prohibido portar arma de fuego. También que se impida el uso de personal civil policial sin identificación, que el Ministerio designe a un mediador responsable mientras se desarrolla la marcha y un espacio designado con cámara de seguridad para alojamiento en el caso de posibles aprehensiones de manifestantes.