El fiscal de Delitos Complejos de La Plata, Jorge Paolini, teme que mientras permanezcan en libertad los imputados en la causa por corrupción en el Astillero Río Santiago puedan alterar pruebas o influir en los testigos que describieron de qué manera se orquestó la maniobra para fraguar decenas de contratos laborales y cometer una millonaria estafa contra la empresa estatal.
Por ese motivo esta semana el funcionario solicitó que la Cámara Penal de Apelaciones platense ordene la prisión preventiva de todos acusados, entre los cuales se encuentra el empresario y ex presidente del Ente de Turismo de la comuna local, Emiliano Giri.
Paolini manifestó su desacuerdo con los argumentos por los cuales el juez de Garantías Fernando Mateos dispuso liberar a los 6 imputados, entre los cuales el más relevante es quien fuera presidente del astillero, Héctor Scavuzzo. Consideró que debido al estado en el que se encuentra la investigación “existen peligros procesales” que justifican mantener a todos ellos bajo “encierro”.
Para respaldar su pedido el fiscal advirtió sobre la posibilidad de que los acusados entorpezcan su tarea ya sea alterando pruebas o tratando de que algunos testigos modifiquen sus declaraciones.
Paolini mencionó específicamente el caso de Giri, alertando de qué manera el empresario actuó cuando, antes de ser funcionario de la actual gestión municipal, supo que algunas personas lo habían involucrado en la causa.
Concretamente recordó que, según él mismo reconoció, a una de las testigos le brindó “ayuda económica en más de una ocasión”.
Según el fiscal, cuando lo hizo, el empresario sabía que esa persona ya había contado su versión sobre cómo su nombre había aparecido sin su consentimiento en la nómina de personal de Río Santiago, cobrando un sueldo cercano a los 30 mil pesos.
Según dijo esa testigo, ella le había entregado sus datos personales a Giri ante la promesa de obtener un empleo como cajera en la empresa Ripsa.

Desafortunada autodefensa

La inquietud de Paolini acerca de la posibilidad de que una vez en libertad los imputados ejerzan influencia sobre los damnificados podría haberse consolidado en las últimas semanas a partir de las declaraciones públicas que el mismo Giri hizo en su defensa. “A Jaquelina -la testigo en cuestión- la conozco y ella está dispuesta a rectificar su testimonio. Todos los testigos me llamaron y se pusieron a mi disposición”, afirmó textualmente en una entrevista televisiva.
De acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso LA CAPITAL, el fiscal le advirtió a la Cámara sobre la vulnerabilidad de varios de los testigos por su condición social, económica y educativa, ya que teme que deban soportar presiones para que alteren sus dichos.
Para señalar este riesgo, el Ministerio Público hizo alusión a otra situación protagonizada por Giri ante el reclamo que en su momento le realizó Miguel Angel Rodríguez, otro de los testigos, cuando se enteró que figuraba como empleado del Astillero y que por esa razón no podía percibir una pensión. El hecho mencionado por el fiscal, y reconocido por el mismo Giri, ocurrió meses atrás cuando el empresario llevó a Rodríguez a una reunión “con gente del Astillero” para que firmara “distintos documentos a cambio de una suma de dinero con el objeto de aparentar la existencia de una relación laboral entre él mismo” y la empresa estatal.
“Existen motivos suficientes para sospechar que los imputados, de permanecer en libertad, continuarán influyendo sobre testigos, modificando, ocultando o suprimiendo elementos de prueba o induciendo a terceros a realizar tales comportamientos”, alertó el fiscal.
Giri fue detenido el 8 de marzo en el marco de una causa en la que se investigan casos de corrupción ocurridos en Astillero Río Santiago que podrían llegar a significar una defraudación al Estado de 16 millones de pesos. En ese contexto, también fueron apresados el entonces administrador del astillero, Héctor Scavuzzo; Rodolfo Elisetch, que se desempeñaba como coordinador de sueldos y jornales; Oscar Edgardo Borcerio, ex secretario de presidencia; Julio Rubén Borovik, ex gerente general; y Andrés Omar Ombrosi, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Producción bonaerense.
La denuncia sostiene que Giri tomaba datos de personas con la excusa de afiliarlos a un partido político, conseguirles empleo o alguna ayuda social y luego esa información era utilizada para hacerlos ingresar, en muchos casos sin su consentimiento como empleados del Astillero Río Santiago y cobrar sus sueldos que llegaban a 30 mil pesos.