El fiscal Juan Pablo Lódola resolvió hoy pedirle al juez de garantías que ordene el desalojo de la toma de terrenos en el barrio Las Heras que inició un grupo de personas el jueves pasado.
La definición del fiscal llegó luego de que no se arribara a un acuerdo en la audiencia entre las partes realizada hoy. Propietarios de las tierras y un grupo de personas en representación de las familias que participan de la toma retomaron la audiencia tras el cuarto intermedio solicitado el viernes.

Esta situación y una serie de elementos probatorios determinaron que el fiscal determine solicitar el desalojo de los terrenos.

El fiscal Juan Pablo Lódola, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (Ufi) 12 solicitó que se ordene la aplicación del protocolo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires frente a las ocupaciones de inmuebles por grupos de personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo pidió que se aplique el protocolo de actuación para estos casos que contempla condiciones como que el desalojo debe realizarse en horario diurno y sin condiciones climáticas adversas.

También plantea que el accionar de la fuerza pública deberá efectuarse con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupan el predio y sus bienes.
Además, prevé la presencia de asistencia médica y funcionarios gubernamentales de las áreas en cuestión.

Ahora, el juez de garantías deberá resolver si ordena el desalojo solicitado por el fiscal y en ese caso, determinar la fecha del procedimiento.

En su resolución, Lódola marcó que los elementos reunidos le permiten calificar a los hechos con el delito de usurpación de propiedad de inmueble.

Asimismo, afirmó que entre el martes 14 y el jueves 16 de marzo “un grupo de 94 personas” retiró los carteles de venta de los lotes y luego ocupó los terrenos ubicados en Mac Gaul, Fortunato de la Plaza y Tetamanti”.

“Comenzaron a delimitarlos con cables, alambres y palos y, cita el fiscal, amenazaron a vecinos de la zona que se acercaron para advertir que radicarían la denuncia. “No llames a la tele porque les vamos a quemar las casas”, explicó uno de los vecinos de la zona al fiscal.

El fiscal remarcó que esto quedó comprobado a partir de las declaraciones de distintos vecinos e incluso de los propios dueños de los terrenos.

Treinta familias

El conflicto comenzó el jueves pasado a primera hora cuando unas 30 familias ocuparon un predio de cuatro hectáreas en el barrio Las Heras. Con el argumento de no tener vivienda, comenzaron a demarcar lotes y montar carpas y casillas para instalarse en el lugar y construir viviendas: “Solo pedimos un pedacito de tierra para vivir”, señalaron ante los medios.

La ocupación, que se desarrolló de manera pacífica, se produjo nuevamente sobre la avenida Fortunato de la Plaza (ex 39) entre Vignolo y Olazar, a unos 700 metros de donde el año pasado ocurrió una toma similar. En este caso, sin embargo, participan más familias y el predio tiene una dimensión mayor.

La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, específicamente del área de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales, se acercó al predio, tomó contacto con las familias y realizó un relevamiento de cada persona.

Por su parte, el municipio expresó su rechazo a la toma de terrenos y remarcó que “la única posibilidad de que se sienten con un funcionario de la municipalidad va a ser si desalojan los terrenos”.

Una vez que trascendió la noticia de la toma, el intendente Guillermo Montenegro se había expresado en contra de la ocupación de terrenos lo que consideró “un delito”.

“Quiero que sepan que siempre voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para frenar situaciones como las que están viviendo los vecinos del barrio Las Heras, y espero que la intervención de la Justicia pueda frenar estas acciones”, afirmó el jefe comunal.

Y agregó que “no hay reclamo que justifique un delito”. “Ni un corte de calle, ni la violencia, ni la toma de terrenos. Sé que muchos vecinos tienen miedo, y sé del esfuerzo que conlleva tener una casa propia”.

Cruces políticos

La toma de terrenos tuvo su su repercusión en el ámbito político. El senador provincial Alejandro Rabinovich (Juntos por el Cambio), consideró que las tomas “son dirigidas y comandadas para generar caos en Mar del Plata”.
A través de un tuit en el que mostró la foto de una página del Gobierno nacional que deja un teléfono para “prevención de desalojos”, el legislador agregó que “son acciones delictivas que nos muestran qué tipo de campaña electoral van a hacer”.

Por su parte, el bloque de concejales del Frente de Todos salió al cruce y en un comunicado detalló la cantidad de viviendas que se construyen en diferentes puntos de la provincia y afirmaron que hay “falta de gestión” por parte del intendente. “Lo de Montenegro no es discriminación sino falta de voluntad y capacidad”, apuntaron.

La polémica siguió hoy cuando en la Comisión de Legislación se puso en discusión un proyecto del PRO para promover la quita de los programas sociales a quienes protagonicen ocupaciones ilegales de terrenos.