El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani avaló el informe ambiental presentado por el gobierno nacional y de esta manera dictaminó a favor de la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

De esta manera, el proyecto cuenta con un respaldo judicial clave, pero no decisivo: ahora el juez federal Santiago Martín deberá resolver si levanta definitivamente la medida cautelar y autoriza la explotación off shore.

En una resolución de 15 páginas, Pettigiani consideró que la actividad petrolera “podría advertirse como estratégica para el crecimiento económico y social” y afirmó que considera “cumplido” que habrá un resguardo de la sostenibilidad ambiental. “El Estado Nacional con lo dictado en la resolución 7/2020 habría dado cumplimiento con los puntos requeridos a fin de continuar las actividades propias de la actividad off shore”, afirmó.

La resolución favorable de Pettiagiani se suma a la del intendente Guillermo Montenegro, quien ya había presentado judicialmente su conformidad con el informe ambiental presentado por el gobierno nacional.

La polémica por la actividad off shore comenzó a fin del año pasado cuando la gestión de Alberto Fernández anunció que la empresa Equinor, YPF y Shell iban a comenzar la exploración petrolera en la costa argentina.

Esta situación generó que diversos sectores presentaran un amparo ante el juez federal Santiago Martín. Después de analizar el caso, el magistrado avaló el pedido de ambientalistas y del intendente Guillermo Montenegro y suspendió la actividad off shore. Su decisión fue apelada por el gobierno nacional.

El 3 junio la Cámara Federal de Apelaciones revirtió la resolución de primera instancia y dejó sin efecto cautelar dictada por Martín, pero mediante otra resolución hizo requerimientos para terminar de despejar algunas incógnitas sobre el eventual impacto ambiental del proyecto.

En un extenso escrito presentado el 5 de agosto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación entregó la reclamada declaración de impacto ambiental complementaria. En esa presentación, el gobierno garantizó la presencia de la secretaría de control y monitoreo ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, anunció la conformación de una comisión especial integrada por personal técnico de diferentes áreas para que lleven a cabo ese control.

Otro de los requerimientos de los camaristas se basaba en las medidas de protección de la fauna marina, que había sido uno de los temas recurrentes en las instancias participativas que se realizaron. En ese sentido, Parques Nacionales consideró que la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto abordó a este Monumento Natural Nacional adecuadamente y que las medidas del Plan de Gestión Ambiental son apropiadas para mitigar potenciales impactos.

La opinión de Parques durante el proceso permitió fortalecer las medidas del PGA de Equinor. Por ejemplo, incorporando una medida de “coordinación y soporte a la Red Federal de Varamientos durante el período de la operación”.

Por otra parte, también se había requerido un análisis de los “impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos” del proyecto en el área de intervención y los plazos temporales del proyecto. Ante esta situación, Equinor actualizó e incorporó nuevos análisis sobre los impactos acumulativos y sinérgicos, junto con información provista por la Secretaría de Energía.

El fiscal Juan Manuel Pettigiani

En base a este informe, Pettigiani consideró que “la actividad hidrocarburífera resultaría central para una cuestión tan profunda como es la realización de nuestro proyecto de Nación”. “En tal sentido, la exploración off shore autorizada por el gobierno nacional, con el resguardo de la sostenibilidad ambiental que considero cumplida, podría advertirse como estratégica para el crecimiento económico y social por lo que entiendo que su ejecución se impone, de manera perentoria en una sociedad con los alarmantes niveles de pobreza que presenta la nuestro”, afirmó.