MADRID, España.- El ex juez español Baltasar Garzón cobró 1,85 millones de euros a través de una sociedad panameña por asesoramiento al general Hugo Carvajal, ex director de Contrainteligencia Militar de Venezuela y actualmente preso en España y reclamado por narcotráfico por Estados Unidos, informó este lunes la prensa local.

Garzón facturó esa suma durante la segunda mitad de 2016 a la firma panameña Maroil Trading, que pertenece al empresario venezolano Wilmer Ruperti, reportó el diario madrileño ABC, que reprodujo una de las facturas y una página del contrato entre ambos.

El contrato, que contemplaba honorarios totales por 2,95 millones de euros, fue firmado el 17 de junio de 2016 por Ruperti y Ricardo Arranz, socio de Garzón en el estudio jurídico International Legal Office for Cooperation & Developement (Ilocad), según el periódico.

El objeto del contrato fue que Garzón diseñara la estrategia de defensa de Carvajal, que ya entonces llevaba años reclamado por Estados Unidos, que lo identifica desde 2008 como uno de los líderes del Cartel de los Soles, una organización narcotraficante supuestamente integrada por altos mandos militares chavistas.

Carvajal fue uno de los oficiales del Ejército que en febrero de 1992 secundaron al teniente coronel Hugo Chávez en el intento fallido de derrocar al presidente constitucional Carlos Andrés Pérez.

Con el chavismo en el gobierno fue director general de Contrainteligencia Militar en 2004-11 y 2013-14, y luego cónsul en la vecina isla holandesa Aruba, donde estuvo detenido a pedido de Estados Unidos y fue liberado poco después debido a su estatus diplomático.

Después ganó una banca en la Asamblea Nacional (AN, parlamento) por el chavismo para el período 2016-21, pero a comienzos de este año se distanció de Maduro y reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de la república.

Desde el 12 de abril de este año está preso en España, donde está tramitándose la solicitud de extradición interpuesta por Estados Unidos.

Ruperti está sospechado de haberse enriquecido durante los gobiernos chavistas y fue sancionado este año por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

De hecho, solo tres meses después de que Maroil Trading se comprometiera a pagar la estrategia de defensa de Carvajal, la petrolera estatal Pdvsa le adjudicó un contrato de 138 millones de dólares para “remover una gran cantidad de coque de petróleo ubicada en una de sus terminales”, según ABC.