Junto a la presentación del proyecto del presupuesto, el gobierno del intendente Carlos Arroyo solicitó que el Concejo Deliberante le conceda durante todo el ejercicio 2018 una serie de atribuciones especiales para administrar los recursos del municipio y aproximarse así a la meta de reducir el déficit.

El texto menciona pedidos de autorización para utilizar fondos afectados por “razones de apremio” financiero, instaurar un sistema de caja única, transferir partidas de gastos y hacer uso de una suma de hasta 330 millones de pesos para realizar giros en descubierto, con el propósito de afrontar eventuales necesidades tales como la de pagar los sueldos del personal dentro de los plazos previstos por la ley.

Todas estas y otras prerrogativas figuran dentro del proyecto de ordenanza elevado el viernes al Concejo Deliberante, a través del cual la Secretaría de Economía y Hacienda propuso ejecutar para el año próximo un presupuesto de 8945 millones de pesos.

La cifra contempla una suma de gastos de 6569 millones para la administración central y de 1925 millones para los entes descentralizados.

El ente con mayor cantidad de fondos asignados es el de Vialidad y Alumbrado, con una suma de 764 millones de pesos; al que le siguen el Ente Municipal de Servicios Urbanos, con 722 millones; el Ente de Deportes con 325 millones y el Ente de Turismo, con 114 millones.
Medidas planteadas

Pero además de mencionar estas cifras, el proyecto contiene más de una decena de artículos adicionales, solicitando que los concejales le otorguen al Ejecutivo una serie de facultades especiales.

Algunas de ellas, como la de la caja única, el uso de fondos afectados y la utilización de giros en descubierto ya vienen siendo implementadas desde hace algunos años con autorizaciones concedidas de manera transitoria por los concejales.

“La novedad es que ahora, antes de que se inicie el próximo ejercicio, el Ejecutivo ya está explicitando que va a tener que implementar estas medidas durante todo el año”, razonó ayer una concejal.

“Por lo general algunas de estas decisiones son implementadas a través de ordenanzas separadas que se van sancionando a lo largo del año y cuando surge la necesidad de hacerlo. Pero por lo que hemos visto, ahora el Ejecutivo está planteando desde un principio que va usar todas estas herramientas”, agregó.

Entre las disposiciones propuestas figuran algunas medidas muy específicas, como la de “asignar los montos que se recauden por el Fondo Municipal de Turismo y el Fondo para la Promoción Turística a los gastos que demanden “el Sistema de Seguridad en Playas y el Servicio de Policía Local”.

El texto también menciona que el Ejecutivo podrá asignar los montos que se recauden en concepto del Fondo Municipal de Transporte a las delegaciones municipales, el Emvial y el Emsur para afrontar los gastos que demande el mantenimiento y la reparación de las calles utilizadas por el servicio de transporte de pasajeros.

También se incluye un artículo que faculta al gobierno a contratar tareas y servicios técnicos y profesionales que no puedan realizarse con personal perteneciente a la planta municipal.

De acuerdo a lo propuesto, para hacer este tipo de contrataciones el gobierno no podrá dedicar una suma superior al 3% del importe asignado para la totalidad de gastos en personal.

Además el proyecto contiene un inciso que hace suponer que durante el año próximo podría haber cambios en el organigrama político de la comuna con el propósito de generar ahorros.

Concretamente el artículo faculta al Ejecutivo a realizar “modificaciones de carácter general” en el presupuesto en el caso de que sean impulsados cambios en “la estructura orgánica funcional del municipio”.

Esto podría implicar la eliminación o fusión de dependencias.

El mismo texto aclara que en el caso de que sean adoptadas medidas de este tipo se preservará la “asignación del gasto en la salud, educación y desarrollo social” los cuales fueron definidos como “prioridades”.

Al margen de que estas y otras medidas puedan ser consideradas como “extraordinarias”, lo cierto es que se presume que no serían las únicas facultades especiales que requerirá el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle.

En el Concejo se espera que en breve el funcionario impulse la declaración de una nueva “emergencia económica” (sería la tercera durante el gobierno de Arroyo) lo que le otorgaría algunas herramientas adicionales para administrar los recursos municipales.