La gestión del intendente Carlos Arroyo está dispuesta a explorar la posibilidad de tomar deuda para intentar sacar a la Municipalidad de la preocupante crisis económica y financiera en la que se encuentra estancada desde hace meses.

Así lo reconocieron ante LA CAPITAL algunos funcionarios del Ejecutivo que observan con inquietud de qué manera la diferencia entre los ingresos y los egresos se incrementa cada vez más.

En la comuna la escasez de recursos provoca que no haya fondos para afrontar el pago de los dos principales gastos corrientes: los sueldos y la recolección de residuos.

Ambos compromisos insumen cada mes unos 250 millones de pesos. Para poder pagarlos, durante toda su gestión el gobierno de Arroyo debió hacer uso de giros al descubierto, es decir de préstamos a corto plazo otorgados por el Banco de la Provincia.

Por esos créditos transitorios se llegaron a pagar tasas de interés de hasta el 83%. Para los funcionarios que siguen de cerca la evolución de los números existe la necesidad de ponerle fin a esta situación.

La falta de dinero provocó que durante este mes el municipio abonara de manera desdoblada los sueldos de los trabajadores municipales. “Este mes pagamos en dos cuotas y si esto no se resuelve, pronto habría que pagar en tres”, advierten en el gobierno.

No existe ningún indicio de que la situación pueda mejorar por sí sola. Más bien los datos muestran todo lo contrario.

Los ingresos están en caída por la retracción de la actividad económica que impacta en la cobrabilidad de la tasa de Seguridad e Higiene.

Y la recaudación de la Tasa de Servicios Urbanos tampoco marcha bien.

Por otro lado la inflación está provocando una aceleración de los gastos.

A esto se le suma el efecto de malas decisiones adoptadas por el gobierno al arrancar este año.

“Hubo una combinación letal de medidas”, reconocen ahora en el Ejecutivo, admitiendo que por eso resulta difícil convencer a los funcionarios nacionales y provinciales de que otorguen auxilio.

Los reproches se dirigen contra el ex secretario de Economía, José Cano, quien concedió un aumento de haberes del 26% durante el primer semestre del año. Aparentemente Cano no calculó que pronto no tendría los recursos para cumplir con ese compromiso, más aún después de haber aplicado un desatinado aumento de la TSU.

El funcionario no sólo permitió que los contribuyentes pagaran la tasa de enero y febrero así como la anual sin incrementos.

También aplicó una suba por la que 133 mil de las 440 mil cuentas existentes no sufrieron ninguna variación.

El resultado fue que el presupuesto quedó desfinanciado.

Al nuevo equipo de la Secretaría de Economía le cuesta explicar semejante combinación de desatinos. Y hasta ya les parece estéril atribuir el problema a la herencia recibida.

Es que el ejercicio 2015 concluyó con un déficit superior a los 600 millones de pesos. Esa cifra es más o menos la misma que se registró en junio de este año al comparar los gastos comprometidos y con los pagados.

Es cierto que la deuda acumulada durante los últimos tres años condiciona al gobierno. Pero no parece ser el motivo de los desvelos inmediatos de los funcionarios.

El desafío es recomponer la caja para lo cual la principal alternativa a la vista es la de tomar deuda.

Ayer funcionarios del Ejecutivo confirmaron que el tema se está analizando con autoridades nacionales y provinciales.

Además dieron por cierta la cifra del endeudamiento en estudio, que fue anticipada ayer por este medio: 500 millones de pesos.

Con esa cantidad de dinero en mano, la comuna podría tener un gran desahogo ya que estaría en condiciones de pagar los sueldos y el servicio de recolección de un mes sin hacer uso del descubierto y además reservar fondos para afrontar esos mismos gastos durante los meses subsiguientes.