Ingresó este martes a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de ley impulsado por el gobernador Axel Kicillof que busca declarar el estado de emergencia económica, financiera y tarifaria para empresas recuperadas, para lo cual promueve la suspensión de la ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por el término de dos años.

“La crisis económica del país en los últimos años ha afectado con gravedad a los sectores productivos en general y a las empresas recuperadas en particular”, reza el texto bajado a la Cámara y, en ese marco, señalan que es “urgente” llevar a cabo mecanismos que sirvan como asistencia y sostenimiento a las empresas, con el fin de poder sostener la producción y, en especial, los puestos de trabajo.

“La declaración de emergencia para el sector pretende visibilizar la grave situación que se atraviesa, para proveer a la asistencia y trato diferencial que se requiere, en función del rol productivo, social y económico de las empresas recuperadas organizadas bajo la naturaleza jurídica de cooperativas de trabajo”, indica el proyecto en sus considerandos, mientras que en su articulado marca que el plazo de la emergencia en principio, será por dos años, dejando la chance de una extensión si fuera necesario.

Además declara de “interés provincial” el proceso de la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores y deja suspendidas las ejecuciones de desalojo contra esas cooperativas, como así también el remate de los bienes de las entidades por parte de la Justicia, así como los cortes de servicio para los que los prestadores deberán otorgar planes de facilidades de pago por deudas.