El lucrativo negocio de la publicidad en la vía pública está encontrando algunos resquicios para hacerse nuevamente presente en las calles de Mar del Plata. Prueba de ello es que con la llegada del último verano, las columnas de alumbrado de algunos de los principales paseos la ciudad comenzaron a lucir banners cuya presencia se encuentra expresamente prohibida por la legislación municipal vigente. No obstante esos anuncios no habrían sido instalados a espaldas de las autoridades. Por el contrario, su presencia habría contado con el guiño favorable de funcionarios de Turismo y de Cultura a cambio del pago de una suma de dinero cuyo monto y destino aún hoy se desconocen.

Desde el Concejo Deliberante hay quienes reclaman que el Departamento Ejecutivo dé a conocer los detalles de ese presunto acuerdo, mediante el cual hubo empresas privadas que accedieron a un “permiso especial” para utilizar el espacio público sin el imprescindible aval de los concejales y sin que se hiciera público a cambio de qué.

El Código de Publicidad vigente -y que la actual gestión prometió modificar- prohíbe de manera explícita la instalación de anuncios en columnas destinadas al servicio público. Pero lo cierto es que en calles como Alem, Güemes y en algunos sectores de la costa los postes de alumbrado tienen banners en los que pueden leerse nombres de marcas comerciales o leyendas vinculadas a las actividades recreativas y culturales organizadas por el municipio durante este verano.

Ambos anuncios habrían sido confeccionados por una misma agencia de publicidad.

Pero los actos administrativos mediante los cuales la Municipalidad admitió la colocación de estos carteles nunca fueron dados a conocer. Pero, lo que es peor, se llevaron a cabo violando el contenido de normas dictadas por el propio municipio que se encuentran en plena vigencia.

Antes de que el presidente del Ente de Turismo, Emiliano Giri, fuera detenido y debiera renunciar a su cargo, concejales de la oposición estaban preparando un pedido de informes para que el ex funcionario diera a conocer por qué motivo no había puesto a consideración del Concejo el supuesto acuerdo por el cual se admitió la instalación de estos anuncios, en contra de lo que dispone el Código de Publicidad.

Si bien el escándalo judicial demoró la realización de este planteo, hay quienes están dispuestos a volver a la carga, reclamando que ahora el Ejecutivo explique de qué manera se avaló esta medida.

Es que la presencia de los banners es considerada como un hecho que contraviene las normas y sobre el cual hasta ahora ningún funcionario rindió cuentas.
“Existe una única manera de que la instalación de estos anuncios sea legal y es mediante una excepción otorgada por el Concejo Deliberante y eso nunca sucedió porque el Ejecutivo jamás pidió una autorización para eso”, le explicó a LA CAPITAL una fuente del Deliberativo.

El hecho de que el presunto permiso se haya otorgado sin la intervención de los concejales y con un alto grado de reserva genera múltiples dudas sobre qué fue lo que negociaron los funcionarios.

Si bien se da por hecho que los privados que intervinieron en el acuerdo abonaron una suma de dinero, los concejales desconocen cuál fue el monto y si esa cifra se corresponde con el dinero que teóricamente los anunciantes deberían haber pagado en concepto de derechos por el uso del espacio público. “Lo que correspondía para que esto fuera legal y transparente era que Concejo expresara si estaba de acuerdo o no con conceder una excepción y si el monto que supuestamente se pagó era acorde con lo que se dispone en la ordenanza fiscal e impositiva. Pero no hubo nada de eso”, indicaron fuentes consultadas por este medio, que además, marcaron la necesidad de que se rinda cuentas sobre cuál fue el destino que tuvo el dinero.

Si bien funcionarios del Ejecutivo consultados por este medio no aceptaron hablar sobre el tema, uno de ellos -que pidió no revelar su nombre ni su cargo- dio una explicación extraoficial. Según dijo, la presencia de los banners tuvo su origen en un “convenio” suscripto con una empresa de telefonía que a cambio de promocionar su marca en el alumbrado público le abonó a la comuna “una suma de dinero” y además colocó otros banners para promover ciertas actividades culturales y recreativas que se llevaron a cabo durante la temporada.

La explicación semioficial está en sintonía con lo que a esta altura ya conocen algunos concejales, quienes todavía se preguntan cuánto cobró la Municipalidad, en qué gastó ese dinero, quiénes fueron los funcionarios y los privados involucrados en el acuerdo y por qué el Ejecutivo nunca puso el tema a consideración del Concejo.