Por Augusto Morel

El domingo se cumplirán 48 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar de Argentina (1976-1983), pero la llegada del libertario Javier Milei a la Presidencia reabrió el debate sobre los 30.000 desaparecidos, una cifra sostenida por organizaciones de derechos humanos y negada por el Ejecutivo.

Aunque el Gobierno de Milei no planea una agenda para el 24 de marzo y ya expidió los permisos para que las organizaciones puedan conmemorar el aniversario, como cada 24 de marzo, difundirá un documental donde contará “otra versión” de los hechos durante el llamado ‘Proceso de Reorganización Nacional’ de la Junta Militar.

El video contará con testimonios del exguerrillero Luis Labraña quien, en una entrevista televisiva en 2021, se atribuyó la creación de la cifra de los 30.000 y la justificó afirmando que era “una mentira para conseguir dinero para las madres de los desaparecidos”.

También el periodista y exsubsecretario general de Presidencia en 1976, Juan Bautista “Tata” Yofre, más conocido por ser jefe de inteligencia en el Gobierno de Carlos Menem entre 1989 y 1990, así como ser procesado y absuelto de causas de espionaje durante la era kirchnerista.

Milei había puesto en duda el número de desaparecidos por primera vez, durante la campaña electoral, catalogando al terrorismo de Estado cometido por los militares como “excesos” en medio de una “guerra”.

En ella, según dijo, las fuerzas de seguridad cometieron “crímenes”, pero “también los terroristas mataron gente, torturaron, pusieron bombas y delitos de lesa humanidad”. En aquella oportunidad dijo: “Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 desaparecidos, fueron 8.753”.

Ya como presidente, su última intervención sobre el tema fue, durante un acto en la escuela en la que estudió, en el que dijo a los estudiantes: “Lean las dos partes de la biblioteca y tengan su propia mirada” sobre lo ocurrido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Para él, ese período de la historia había sido “interpretado y reinterpretado”, por lo que había que analizarlo “con espíritu crítico”.

Sin embargo, la principal impulsora de esta discusión se le atribuyó a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien -previo a asumir al cargo- aseguró que el número de muertos y desaparecidos en dictadura fue mucho menor al aceptado.

Como abogada, en 2006, fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, organización que afirma que los “terroristas” atacaron a 17.380 “ciudadanos inocentes” en la década de 1970, asesinando a 1.094 personas.

Ha reivindicado la ‘teoría de los dos demonios’, para equiparar la violencia de los grupos guerrilleros con el terrorismo de Estado, y organizó visitas a militares detenidos por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Su vinculación con el ámbito castrense provino de su padre, el ya fallecido teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, veterano de la guerra de Malvinas, que participó activamente de la ‘Operación Independencia’, la antesala del golpe.

Dicha actuación fue ordenada por el Gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) para “neutralizar y/o aniquilar” grupos guerrilleros en la provincia de Tucumán.

Además, en medio de la campaña presidencial, la entonces diputada había convocado a un acto en homenaje a las víctimas de las agrupaciones guerrilleras durante los 70, que desataron el rechazo de los organismos de derechos humanos, tildándola de negacionista.

Un presunto indulto por razones humanitarias a los militares presos -algo que fue rechazado por Milei en redes sociales- agregó polémica a un, ya de por sí, agitado 24 de marzo que, sin duda, llenará las calles.

EFE.