El defensor del pueblo, Walter Rodríguez, aseguró que el organismo espera ser convocado por la Justicia para presentar los argumentos por los que en el mes de diciembre solicitó que el Concejo Deliberante profundizara el debate sobre el aumento del boleto antes de que fuera adoptada una decisión definitiva, ya que en ese momento habían sido detectado “errores” e “inconsistencias” en el estudio de costos elaborado por la gestión del intendente Carlos Arroyo.

“Vamos a actuar para proteger los derechos de los usuarios” le dijo el funcionario a LA CAPITAL, quien lamentó que las advertencias que realizó la Defensoría no hayan sido tenidas en cuenta por varios concejales.

Tras la aprobación de aquella medida, que determinó que el precio del boleto pasara de $6,86 a $7,97, la semana pasada el juez en lo contencioso y adminitrativo, Marcelo Fernández, dispuso suspender el aumento.

El juez basó su fallo en que aparentemente, al obtener 12 votos sobre un total de 24 emitidos, el proyecto no fue aprobado con la mayoría absoluta requerida por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Rodríguez le dijo a LA CAPITAL que sin embargo ese tema no llegó a ser objetado por la Defensoría del Pueblo cuando le hizo llegar sus inquietudes al Concejo.

“Nosotros enviamos una nota antes de la votación en la cual llamamos la atención sobre contradicciones en los datos del estudio de costos, relacionadas con los kilómetros recorridos, los modelos de colectivos mencionados o las multas por incumplimientos de servicios”, recordó.

Rodríguez destacó que luego de enviar esa nota, otro de los defensores, Fernando Cuesta, conversó telefónicamente con el presidente del Concejo, Guillermo Saenz Saralegui, para pedirle que el expediente siguera siendo analizado para “revisar las incosistencias que habíamos detectado”.

Sin embargo “hicieron otra cosa”, lamentó.

“Al suspender el aumento del boleto el juez no hizo ninguna consideración sobre lo que nosotros dijimos y se limitó a tomar la medida por entender que no se había logrado la mayoría absoluta en la votación. Sin embargo todos esos problemas del estudio de costos están a la vista y en su momento tienen que ser analizados”, opinó Rodríguez.

Por eso subrayó que la Defensoría del Pueblo “está a disposición de la Justicia” y a la “espera de ser convocada” para expresar su punto de vista sobre la forma en la que se desarrolló el trámite.

“Lo que explica el juez es que esta ordenanza se tendría que haber aprobado por 13 votos, pero tuvo 12. Es distinto de lo que ocurrió años atrás cuando hubo un empate de 12 a 12 y el entonces presidente de Concejo Deliberante tuvo que desempatar, generando que la moción para aumentar el boleto sí tuviera 13 votos a favor”, razonó el funcionario.

No obstante, al margen de la controversia acerca de la votación, Rodríguez remarcó la importancia de revisar detenidamente el estudio de costos.

“Estamos seguros de que la Justicia nos va a llamar y esperamos que lo haga para poder defender los derechos de los ciudadanos”, insistió. Y además lamentó la desición de la Municipalidad de apelar el fallo de Fernández.

“Observamos que cada vez que se resuelve algo a favor de los usuarios las autoridades se molestan e intentan no acatar lo que dice la Justicia. Cuando tienen que aumentar el boleto o las tasas lo aprueban muy rápido, pero cuando alguien les dice que lo que hicieron está mal buscan la forma de no actuar de acuerdo al derecho de la gente”, indicó.