Por Ramiro Melucci

Hubo este mes un aniversario que, en el furor del cierre de listas, nadie recordó. Al menos no en términos festivos. Hace una década llegaba a Mar del Plata la primera partida de la Nación y la Provincia para financiar íntegramente el sistema educativo municipal. Eran $ 120 millones. La plata del gobierno nacional la trajo, simbólicamente, Sergio Massa. Era el jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.

Aquellos fondos fueron la moneda de cambio que entregaron CFK y Daniel Scioli a los buenos oficios de Gustavo Pulti, quien pese a su voluntad se había convertido en candidato a senador testimonial. El pacto implicó el ingreso de Pulti al kirchnerismo. La historia es pendular: el ex intendente acaba de ser rechazado por el hijo de la expresidenta, aquel jefe de Gabinete ha regresado al lado de su entonces jefa y el debate por el financiamiento del sistema educativo municipal está más vigente que nunca.

Nadie puede negar el beneficio que significó el acuerdo. El exintendente devenido nuevamente candidato lo mencionó en formato de reclamo la semana pasada: “Debemos recuperar para Mar del Plata el financiamiento acordado en 2009”. A partir de un nuevo acuerdo firmado en la gestión de Carlos Arroyo, los fondos de la Provincia y la Nación ya no implican el financiamiento del 100% del sistema. Representan la mitad. La explicación la dio, también la semana que pasó, el secretario de Educación, Luis Distéfano: el acuerdo excluía ciertas bonificaciones y nuevos cargos. Sin gestiones para incorporarlos, entonces, la desvalorización de los fondos era cuestión de tiempo.

El problema más grave fue otro. Al acuerdo político, derivado de un pacto electoral, le faltó institucionalizarse. Careció de una ley que asegurara el aporte permanente de la Nación y la Provincia más allá de los dirigentes y los espacios políticos que gobernaran. Una omisión resonante de los legisladores marplatenses. 

El debate por el sistema educativo municipal volvió con renovado ímpetu. Lo disparó el descuento de las bonificaciones percibidas por un grupo de docentes que la habían cobrado en marzo y abril por una medida cautelar. El Concejo Deliberante ya había convocado a una sesión especial para pedirle a Distéfano explicaciones por la resolución que determinó ese descuento, firmada por el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, y ratificada por Arroyo. El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) hizo coincidir la fecha de la sesión con una medida de fuerza. El Ejecutivo entrevió en esa maniobra una intención política derivada de las elecciones en el gremio, previstas para el 12 de julio.

Antes de ausentarse de la sesión especial, Distéfano fue el vocero del gobierno y quedó desairado. Anunció el descuento de la jornada de paro del jueves y Arroyo decidió para ese día un asueto administrativo. No habría que extrañarse de las contradicciones en el gabinete: el secretario es uno de los hombres del PRO que respalda la candidatura de Guillermo Montenegro, rival de Arroyo en las próximas elecciones.

Vilma Baragiola, competidora directa del diputado nacional en las PASO de Juntos por el Cambio, usufructuó ese dato en la sesión para proponer que todos los candidatos a intendente se comprometan a restituir la bonificación docente. Fue más allá: dio a entender que Distéfano puede continuar al frente de la Secretaría de Educación si gana Montenegro. Soltó la advertencia delante del secretario general del STM, Antonio Gilardi, y de las docentes que copaban la barra del Concejo. Todo un mensaje en clave electoral.

Es que no hay, en este tiempo, discurso que no se tiña con la campaña. Ariel Ciano, que no será candidato a nada pero tiene a su jefe en la boleta de Cristina Kirchner, pidió en la sesión que a la hora de votar se recuerden las promesas que en materia educativa hizo y no cumplió Mauricio Macri. Daniel Rodríguez, devenido soldado de Fernanda Raverta, culpó de los desquicios de Arroyo a todo Cambiemos. Y Baragiola le arrojó aquel dardo envenenado a Montenegro.

Los candidatos a intendente deberían estar preocupados, sobre todo, por el enorme retraso del tratamiento del presupuesto y las ordenanzas que fijan las tasas. A este ritmo, el que asuma el 10 de diciembre no podrá ni pagar los sueldos. Los principales aspirantes cuentan con representación legislativa. Sería conveniente que la utilizaran para acelerar la consideración de esos expedientes ya no por Arroyo, sino por ellos mismos.

La semana posterior al cierre de listas no fue, por lo que pudo apreciarse, la más propicia para apretar el acelerador: la comisión de Hacienda no se reunió por falta de quórum. No es todo: los expedientes ni siquiera figuran en el orden del día de la reunión del martes próximo.

El grueso del debate pasará por las modificaciones que el radicalismo y la oposición quieren introducirle a la redacción original, elevada en octubre del año pasado y que ya en diciembre recibía críticas por su falta de actualización. A los pedidos de ponerles topes a las tasas, devolver exenciones y desgravar algunas actividades, se sumó el último viernes un clamor para incluir nuevamente la bonificación docente. Un beneficio que, al ser motivo de una disputa judicial, no sería tan sencillo restituir en el corto plazo.