El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata adhirió a la postura del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y convocó a la marcha que se realizará el próximo miércoles en defensa del sistema universitario y en reclamo de financiamiento para el sector.

El máximo órgano de gobierno de la casa de estudios local tomó la decisión en la sesión plenaria del miércoles. La marcha universitaria, que se replicará en las universidades de todo el país, en Mar del Plata será a las 15 y saldrá desde el complejo de Peña y Funes.

“Con la preocupación por un contexto cada vez más difícil, ante la desconsideración y el hostigamiento que no cesan y frente a la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización que ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) levanta nuevamente su voz para reclamar respuestas y convoca a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino”, dice el comunicado al que adhirió el Consejo Superior.

“Desde principios de año nos pusimos a disposición de las autoridades nacionales para la búsqueda de soluciones y advertimos las dificultades que el sistema universitario atravesaba. Lo hicimos razonablemente pero con firmeza mientras que soportamos una campaña injusta y falaz, sistemática y planificada, que intenta desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario desmereciendo el esfuerzo de millones de estudiantes y miles de docentes y no docentes de todo el país”, agrega.

Asegura que “no ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo”, y que “todos los intentos por buscar espacios que permitan gestionar las dificultades para colaborar en la búsqueda de soluciones resultaron infructuosos”.

“Ni la paritaria nacional, ámbito natural para la resolución de controversias, funcionó con continuidad. Hizo falta que la sociedad llenara, conmovedoramente, plazas y calles de todo el país en defensa de la universidad pública para que empezáramos a tener algunas respuestas a las dificultades señaladas; respuestas que prolongaron la agonía, pero que no pudieron, porque no quisieron, resolver los problemas estructurales”, apuntó.

Señala que “la situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial”. Y añade: “Es inadmisible y profundamente injusto que quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales y con su trabajo diario permiten que las universidades funcionen sean hoy los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados. Más del 70 por ciento de las y de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año”.

Según el comunicado, “en ese escenario sombrío, la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario para sostener el sistema en el presente año abrió una esperanza, otorgando previsibilidad en materia presupuestaria y una respuesta a la angustiante situación salarial”.

“Se trata de una ley responsable que resuelve los problemas de manera razonable porque evita comprometer fiscalmente al Estado. A pesar de saberlo fehacientemente, el Gobierno manifestó que optaría por vetarla. La esperanza abrió paso, una vez más, a la incertidumbre”, lamenta.

“Al mismo tiempo que se amenaza con el veto –acota– se eleva al Congreso un proyecto de presupuesto para el 2025 que agrava aún más la situación. Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades”.