Después de varios meses de debate y búsqueda de consenso, el Consejo de la Magistratura aprobó el pasado jueves tres proyectos que marcarán un antes y un después en lo que respecta a la perspectiva de género en el Poder Judicial.

Elaborados por tres mujeres, la consejera Marina Sánchez Herrero y las legisladoras e integrantes del Consejo Inés Brizuela y Doria y Graciela Camaño, las nuevas disposiciones incluyen desde la obligatoriedad de contar con una capacitación acreditada en perspectiva de género con una antigüedad menor a los dos años para los aspirantes a magistrados hasta la garantía de acceso de mujeres a las entrevistas para la conformación de las ternas y la inclusión de la temática en el proceso de selección de los jueces.

“No sé si se dimensiona lo que hemos logrado este jueves. Dentro de 100 años va a parecer increíble que hayamos tenido que obligar a hacer cursos o incorporar mujeres al Poder Judicial. Sin duda, vamos a entrar en los anales de lo increíble“, señaló la consejera en el Consejo de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados del interior, Marina Sánchez Herrero.

Es que para la letrada, que asumió su cargo en noviembre del año pasado y aseguró que fortalecer la perspectiva de género en el órgano era uno de sus objetivos, aseguró que la aprobación implica “un importante avance en materia de género en la Justicia” y que la modificación en el reglamento de Concursos “permite ajustar una desigualdad de oportunidades que el orden de mérito por sí solo no resuelve”.

Sánchez Herrero aseguró que el éxito del paquete de requisitos está en que no sólo buscan alcanzar una equidad numérica, sino que también favorece a un “cambio de visión” de la Justicia en materia de género. “Lo que se logró este jueves es la modificación de todo el procedimiento de concurso para que realmente cambie la visión de género al momento de elegir un juez o una jueza. Si no cambiamos los paradigmas culturales vamos a poner mujeres y no se va a terminar solucionar el tema“, explicó.

En línea con la importancia de hacer foco en la educación, el primero de los proyectos presentados y aprobados fue justamente el de Sánchez Herrero, que establece que todos los aspirantes a magistrados en el Poder Judicial deberán acreditar, al momento de inscribirse, una capacitación universitaria en materia de género con una antigüedad no mayor a dos años. Según consta en el escrito y refuerza en la entrevista la letra, “el objetivo es fortalecer la Ley Micaela en la Justicia y propiciar la creación de oferta académica en cuestiones de género”.

“Mi proyecto abarca quién se puede presentar. Nadie que no tenga visión de género acreditada por una capacitación universitaria puede ser juez federal de la Nación“, indicó, y aseguró que el requisito de que la misma haya tenido lugar hace menos de dos años de la presentación obliga a una actualización constante. “El tema de género no se aborda igual que hace cinco años como yo no soy la misma que hace cinco años. El ejercicio merece la actualización”, indicó Sánchez Herrero.

El segundo proyecto aprobado fue presentado por la senadora Inés Brizuela y Doria (UCR) en conjunto con Sánchez Herrero y abarca la equidad en las ternas para la selección de magistrados y pone sobre la mesa la feminización que todavía persiste en las tareas de cuidado de la vida doméstica, desigualdad que impacta en el desarrollo profesional de las aspirantes.

En este sentido, el proyecto aprobado este jueves establece la modificación del Reglamento de Concursos para garantizar la inclusión de mujeres en el listado de entrevistas para la conformación de las ternas. Es decir,  en la instancia previa a la elevación de los candidatos a cubrir el cargo.

Según explicó Sánchez Herrero, a las entrevistas de donde surgen las ternas de las que luego se selecciona al juez o jueza llegan las seis personas que hayan obtenido el mejor puntaje, número que se compone por nota de examen y puntos por antecedentes. Estos últimos se obtienen a través de múltiples cursos y actividades por fuera del ejercicio diario de la profesión y a los que las aspirantes mujeres cuentan con mayores dificultades para acceder por la división desigual histórica en la tarea de cuidado doméstico.

“Es por eso que cuando nos presentamos para ser juezas, contamos con menos antecedentes o lo hacemos de más grandes, cuando nuestros hijos también ya son más grandes. No es que no nos dejan presentarnos por ser mujeres, es que directamente no llegamos a la instancia de la entrevista”, explicó la consejera, quien aseguró que a partir de ahora la equidad estará presente, como también la idoneidad, ya que de no haber mujeres en los seis primeros puntos, y siempre y cuando cuenten con el requerimiento de 100 puntos mínimo que acredita la capacidad para el cargo, las dos mujeres que sigan en el orden de mérito podrán acceder a la entrevista.

“Así, se equilibra la oportunidad de acceso a las entrevistas, sin vulnerar el orden de mérito. Luego, quedarán para la selección definitiva aquellos postulantes a los que el jurado considere más idóneos”, señaló.

El tercer y último proyecto tiene como autora a la diputada nacional Graciela Camaño (FR) y establece la incorporación de perspectiva de género en la selección de jueces. El escrito señala que la temática debe estar incluida “entre los casos a platear a los postulantes” y en la valoración del jurado al momento de la elección, que deberá “tener en cuenta conocimiento y perspectiva de género del aspirante”.

“Estos proyectos van a trascender a través de lo cultural y lo educativo, porque no se quedan sólo en lo cuantitativo. Estamos acortando la brecha de la desigualdad”, celebró Sánchez Herrero que, en mayo, al cierre de su participación en la Asamblea Pública del órgano en la ciudad, había anticipado su compromiso al decir: “La realidad es que el norte, el final del camino, es que las mujeres no tengamos ni cupos ni paridad ni que tengamos que imponernos u obligar a nadie a que haga un curso para que nos entienda o para que nos respete. Pero mientras eso no suceda, desde el Consejo vamos a seguir trabajando”.