Por Natalia Kidd

El Parlamento se prepara para una ardua rediscusión de la ley que por amplia mayoría aprobó recientemente para regular el aumento de las jubilaciones y que el presidente Javier Milei decidió vetar en su totalidad.

Luego de que a última hora de este viernes el jefe de Estado firmara el decreto que veta la norma aprobada el pasado 22 de agosto por el Congreso, el oficialismo, minoritario en ambas cámaras parlamentarias, busca apoyos entre sus aliados para que la ley no consiga ser ratificada.

La Constitución habilita al presidente a vetar total o parcialmente una ley, veto que el Parlamento puede superar volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de al menos dos tercios de ambas cámaras legislativas.

El proceso se avizora como desafiante para la formación de La Libertad Avanza, que argumenta que la ley, que establece una fórmula para actualizar mensualmente las pensiones que cobran millones de jubilados, conspira contra el equilibrio de las cuentas públicas, uno de los pilares del plan económico de Milei.

En el trámite parlamentario, la norma fue aprobada ya con dos tercios de los legisladores, por lo que ahora el oficialismo necesita convencer a aliados para que cambien su voto o lograr que estén presentes aquellos que no participaron en las votaciones pasadas.

Tanto el peronismo, como la Unión Cívica Radical y ciertos representantes de partidos provinciales ratificaron su voto a favor de la ley, mientras que la conservadora Propuesta Republicana (Pro) promete apoyar al Gobierno.

“Anoche (viernes) tuvimos una reunión con Javier Milei en Casa Rosada. Milei nos anticipó el veto total a las jubilaciones. Nosotros vamos a apoyar el veto del presidente”, aseguró este sábado en declaraciones radiales María Eugenia Vidal, diputada de Pro.

En el Senado, representación natural de las provincias, el Gobierno tendrá un desafío adicional pues la ley vetada toca en forma directa intereses económicos de las provincias al ordenar al Ejecutivo de Milei pagar la deuda con 13 provincias argentinas que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Administración nacional.

El gobernador de la provincia de La Pampa, el peronista Sergio Ziliotto, afirmó este sábado a través de la red social X que el veto presidencial es un “acto de injusticia” que “agiganta la vulnerabilidad” de los jubilados y un “nuevo castigo” para las provincias, a las que le quita “ilegalmente recursos”.

El veto de Milei también afronta un fuerte rechazo social, en parte evidenciado el pasado miércoles, cuando unos 2.500 jubilados marcharon en Buenos Aires reclamando pensiones dignas y fueron reprimidos por la Policía.

El gasto en jubilaciones ha sido uno de los más afectados por el plan de ajuste fiscal del Gobierno de Milei, que en marzo pasado decidió actualizar las pensiones por decreto y no mediante la fórmula que regía desde 2021.

En un escenario de severa crisis económica en Argentina y con una de las tasas de inflación más alta del mundo, el 65 % de los 6,5 millones de jubilados del país cobra la jubilación mínima, que este mes fue de 225.454 pesos (232 dólares al tipo de cambio oficial actual), un ingreso que llega a los 295.454 pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga desde hace varios meses por la situación de emergencia.

Este ingreso, que representa un 82 % del salario mínimo legal en Argentina, margina a los jubilados a la indigencia.

La ley aprobada -y ahora vetada- establece una fórmula de actualización mensual que combina el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, más un ajuste extraordinario del 8,1 % para jubilados.

Tras optar por el veto, el Gobierno ajustará un 4 % las pensiones en septiembre por decreto.

EFE.