Varios concejales volvieron a expresar ayer su inquietud por la demora en la presentación de los proyectos de las ordenanzas fiscal e impositiva y reclamaron que la gestión del intendente Carlos Arroyo cumpla con su elevación para que el Concejo Deliberante pueda comenzar a tratar el presupuesto municipal de 2018.

“Este debe ser uno de los pocos, si no el único municipio del país que todavía no tiene sancionado su presupuesto” advirtió la presidenta del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, al pedir definiciones ante sus pares que integran la comisión de Hacienda.

Su inquietud por la falta de novedades fue compartida por algunos oficialistas, como la radical Vilma Baragiola (UCR) quien consideró necesario que el Ejecutivo eleve sus nuevas propuestas tributarias “en los primeros días de abril” para poder definir cuál será el cálculo de ingresos y de gastos anual de la comuna.

“Yo también coincido en que estamos ante una situación anómala. Todavía no tenemos una fecha para la presentación y esperamos que esto ocurra en los primeros días de abril para poder poner el tema en debate”, dijo por su parte el presidente de la comisión de Hacienda, Alejandro Carrancio (Crear).

Los proyectos de las ordenanzas fiscal e impositiva, si bien fueron elevados por el Ejecutivo en el mes de noviembre, fueron retirados del Concejo por el propio gobierno a comienzos de febrero para someterlos a algunas modificaciones. Si bien en ese momento la gestión de Arroyo argumentó que debía adaptar ambos textos al Régimen de Responsabilidad Fiscal de la Provincia, lo cierto es que las iniciativas originales contenían un conjunto de propuestas recaudatorias que habían generado un gran rechazo.

Entre ellas figuraba la intención de realizar una quita generalizada de exenciones que afectaba a los cines, teatros, elencos artísticos, medios de comunicación, la industria editorial, los profesionales independientes, martilleros y sindicatos, entre otras empresas e instituciones. Sumado a eso el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, también propuso gravar las exportaciones locales, aplicando sobre ellas la Tasa de Seguridad e Higiene.

Todas estas iniciativas causaron una fuerte resistencia en distintos sectores y fueron reprobadas por concejales, incluyendo a varios oficialistas, quienes aún esperan conocer el resultado de las correcciones. Según se supo, hasta el momento Mourelle hizo circular un borrador, en el cual aparecen apenas algunos “ligeros cambios” que no terminan de convencer. En las reuniones mantenidas hasta el momento con algunos legisladores, el secretario ratificó su intención de quitar la mayoría de las exenciones vigentes, de gravar a la actividad productiva primaria y de aplicar tasas sobre la comercialización de bienes y servicios en el exterior.

Todas estas propuestas apuntan a captar mayores ingresos para un municipio cada vez más deficitario y endeudado. Pero además tienden a financiar los menores ingresos que obtendría este año la comuna por una propuesta impulsada por el propio Mourelle consistente en modificar las escalas de la Tasa de Seguridad e Higiene. Según trascendió, esa decisión provocaría que este año la Municipalidad deje de percibir unos 120 millones de pesos, cifra que el secretario pretende compensar con otros ingresos originados en las controvertidas medidas que viene impulsando.

Según las estimaciones realizadas por el Ejecutivo, la quita de las exenciones previstas le proveería a la comuna unos 60 millones de pesos anuales, mientras que el cobro de Seguridad e Higiene a las exportaciones le aportaría otros 70 millones.

Ayer, durante la reunión de la Comisión de Hacienda, el concejal de la Agrupación Atlántica, Guillermo Arroyo, defendió las medidas propuestas por Mourelle, citando de manera aproximada algunas de estas cifras.
Según reconoció, efectivamente el cambio de las escalas de Seguridad e Higiene provocaría que el municipio pierda ingresos por una suma de “120 millones de pesos” frente a lo cual, según dijo, “hay que buscar financiamiento en otro lado”.