La comisión de Legislación del Concejo Deliberante facultó este viernes al presidente del cuerpo, Guillermo Sáenz Saralegui, a contratar un asesoramiento jurídico para entender en la presentación judicial que hizo el Ejecutivo ante la Suprema Corte contra la ordenanza que restableció la bonificación docente.

La decisión fue consensuada entre los bloques. Solo no estuvieron de acuerdo los concejales que responden al intendente Carlos Arroyo, que son clara minoría en el Concejo. El resto, incluso los aliados que forman parte del interbloque Cambiemos, se mostraron de acuerdo.

La reunión estuvo fuera de agenda. Por la retención de tareas que comenzó la semana pasada el gremio municipal, ni siquiera contó con una relatora. Ese rol lo llevó adelante el secretario del Concejo, Juan Tonto.

Que Legislación se reuniera había sido un pedido de los jefes de bloque. El objetivo era hacer pública la postura de cada bancada frente a la actitud del Ejecutivo y encomendar a Sáenz Saralegui para que contrate el asesoramiento jurídico debido a que el Concejo no tiene no tiene asesoría legal.

Hubo duras críticas a la decisión de recurrir a la Justicia. “Más simple hubiera sido respetar el salario de los docentes. Eso lo hubieran logrado si hacían cumplir el acuerdo por el financiamiento del sistema educativo municipal firmado en 2009”, aseguró la jefa del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez. “Esto nos pone en un lugar en el que no queremos estar. En lugar de estar discutiendo un conflicto de poderes tendríamos que estar preparándonos para la temporada”, lamentó.

El radical Ariel Martínez Bordaisco sostuvo que “el camino correcto no es el que tomó el Ejecutivo, que debía hacer respetar la ordenanza aprobada por el Concejo”. Recordó que la bonificación de los docentes municipales “es un derecho de los trabajadores” y llamó al gobierno de Arroyo “a la cordura y el diálogo”.

En el encuentro volvió a hablarse de la posibilidad de interpelar al intendente, una iniciativa de Unidad Ciudadana que tiene el respaldo del Frente Renovador.

Los concejales también quisieron saber por qué, como trascendió, el Ejecutivo no realizó la presentación ante la Corte mediante el área legal y técnica del municipio sino a través de un estudio particular. Guillermo Arroyo, el hijo del intendente, prefirió no responder al respecto.