En un año signado por lo electoral, el 2025 promete, en principio, debates trascendentales para el futuro de la ciudad en el Concejo Deliberante, con temas como el presupuesto municipal, el pliego del transporte y el del servicio de recolección de residuos, la regulación de los cuidacoches e iniciativas vinculadas a la generación de empleo.

La proyección de gastos y recursos del Ejecutivo para el ejercicio actual emerge como el primer tema de relevancia en el calendario. El tratamiento comenzará el próximo miércoles: funcionarios del gabinete asistirán al Legislativo a exponer sobre el paquete de ordenanzas.

Lo más probable es que las exposiciones sean encabezadas por el presidente de Obras Sanitarias, Carlos Katz, y el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, respectivamente.

El cálculo de gastos y recursos de la gestión que conduce Guillermo Montenegro asciende a más de $367.000 millones.

Una novedad saliente es que la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) tendrá actualizaciones automáticas de acuerdo a la inflación. Será acompasando el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informe el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), tomando como base octubre del 2024.

A su vez, se busca mantener la tasa vial, que se recauda con la carga de combustible (nafta o gasoil) y cuyos fondos se destinan al arreglo de las calles. Por su lado, OSSE buscará continuar con las actualizaciones bimestrales en la tarifa, tal como ocurrió durante el ejercicio 2024.

Se prevé un trámite sencillo para la gestión de Guillermo Montenegro, que cuenta con mayoría propia en el Legislativo, con 13 bancas a su favor. Un beneficio que mantendrá, al menos, hasta el 10 de diciembre, cuando se concrete la renovación de la mitad del cuerpo.

Movilidad Urbana

La concesión del servicio de transporte público de pasajeros se ha transformado en uno de los temas más espinosos para el gobierno municipal, y uno de los principales reclamos de la oposición.

El Ejecutivo intentó en dos ocasiones elevar al Concejo el nuevo pliego para licitar la concesión del servicio.

En 2021, fue retirado por diferencias en el oficialismo; no estaban los votos para aprobarlo.

En 2022, Montenegro volvió a la carga. Pero, tras unos meses, el expediente quedó bajo revisión a partir de las “modificaciones solicitadas por los diferentes actores que fueron parte del proceso participativo y de los debates llevados adelante en el seno del cuerpo deliberativo”.

En este contexto, en los últimos años el Ejecutivo ya otorgó cuatro extensiones en los contratos de los prestadores actuales del servicio, que comprenden a las firmas Peralta Ramos S.A, Transporte 12 de Octubre S.R.L. y Batán S.A.

La primera fue en abril de 2019, durante la gestión de Carlos Arroyo; la siguiente, en 2021 y por 18 meses; la tercera fue en 2022, por un año; y la última se decretó en diciembre de 2023, por dos años.

La prórroga vence en diciembre de 2025 y el Ejecutivo mantiene un fuerte hermetismo respecto a los pasos a seguir, ya sea impulsar otra vez el debate sobre el pliego o avanzar con una nueva extensión en los contratos. Esta última, claro está, es una salida para el corto plazo.

Por otro lado, todavía queda pendiente la sanción de una ordenanza que regule del funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la ciudad, como Uber y Cabify. En la práctica y desde hace tiempo, el servicio funciona en paralelo al de taxis y remises.

En suspenso quedó un proyecto de la Coalición Cívica para crear un “registro municipal de prestadores de servicio de transporte de pasajeros mediante el uso de plataformas digitales”. El expediente está trabado en la comisión de Movilidad Urbana.

En tanto, a fines de diciembre, empezó el debate de otro expediente, también impulsado por la Coalición Cívica, para derogar una ordenanza sancionada durante la gestión de Carlos Arroyo que estipula sanciones a los conductores de las aplicaciones de transporte.

Residuos

Una situación similar a la de los colectivos se observa en el servicio de recolección de residuos, a cargo de la empresa Transportes 9 de Julio.

En la última sesión del año, el gobierno local recibió duras críticas por impulsar una extensión de dos años en el contrato en vez de un nuevo pliego para licitar la concesión. La iniciativa avanzó solo con el acompañamiento del interbloque oficialista Juntos por el Cambio.

Un detalle no menor. El intendente firmó el decreto con la prórroga en enero de 2024 y envió el expediente al Concejo a fines de noviembre.

De esta manera, el contrato expirará en enero de 2026, por lo que en 2025 debería convocarse a licitación, previo aval del cuerpo deliberativo.

Justicia de Faltas

A la basura y el transporte se le suman los cargos en los Juzgados de Faltas.

El área tiene dos vacantes desde 2018, cuando se jubilaron María Castelao y Carmen Maffioni, quienes eran titulares de los juzgados N°2 y N°5, respectivamente.

El nombramiento de los nuevos jueces podría ser usado como parte de las negociaciones y estrategias del Ejecutivo en el marco del año electoral. Las designaciones, de todos modos, deben ser aprobadas por el Concejo.

A su vez, en un contexto de fuerte demanda de trabajo con la implementación del sistema de fotomultas, quedó pendiente la creación de un sexto juzgado. Se trata de una iniciativa que impulsó Arroyo durante su gestión y que no logró sortear el filtro del Legislativo en su momento.

Cuidacoches

A pesar de la fuerte arremetida a través de la Secretaría de Seguridad y el fogoneo desde las redes sociales del intendente contra los cuidacoches, la actividad no está prohibida en Mar del Plata.

El Concejo todavía no pudo acordar una ordenanza regulatoria, con diversos proyectos que quedaron postergados. Existen, hasta el momento, tres iniciativas. Dos fueron presentadas por el oficialismo años atrás, concretamente por Agustín Neme (Vamos Juntos) y la actual secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola (UCR). La restante fue de la exlegisladora Sol de la Torre (Frente de Todos).

A grandes rasgos, el oficialismo lo plantea como un tema de “seguridad”, además de considerar que la actividad no debería ser ejercida por personas con antecedentes penales. A su vez, el Ejecutivo propone multas y arrestos por incumplimientos para quienes generen desmanes, incurran en el delito de extorsión o incluso por consumo problemático de sustancias.

En tanto, la propuesta del Frente de Todos (hoy Unión por la Patria) apunta al reconocimiento de la actividad como un trabajo con derechos, propio de la economía popular, y con una mirada menos punitivista.

El último gran debate fue en septiembre de 2022, cuando se realizó una jornada de trabajo en el Concejo con la participación de funcionarios, ediles y cuidacoches, que expusieron sus respectivas posturas.

En aquel entonces, se discutió la posibilidad de crear un registro de cuidacoches, algo que los “trapitos” destacaron como una posibilidad de reconocimiento. Sin embargo, no hubo consenso para definir la letra fina del proyecto.

Compensaciones

El desarrollo de la obra privada en Mar del Plata es una gran fuente de trabajo, pero las reiteradas excepciones al Código de Ordenamiento Territorial (COT) para construir pisos de más reflota el debate no sólo sobre la planificación de la ciudad -la excepción se hizo regla-, sino también sobre las compensaciones urbanísticas.

En términos generales, las compensaciones urbanísticas son la rentabilidad que les queda a los desarrolladores a partir de las excepciones al COT para poder construir más metros cuadrados que lo permitido. A partir de ese usufructo, se le suele exigir al privado que invierta en obras de infraestructura que sean de interés público, pero, al no estar legislado, no hay un criterio común.

Se trata de un tema que ha generado fuertes polémicas, como sucedió el año pasado, tras la aprobación para edificar una torre de 35 pisos en Alem y Falucho (118 metros de altura por encima de lo permitido).

En mayo de 2021, se creó una comisión integrada por concejales y miembros del Ejecutivo para establecer por ordenanza un “sistema integral de compensaciones urbanísticas”. A casi cuatro años, y varias prórrogas mediante en los plazos, no hubo mayores novedades.

Empleo

Mientras el Ejecutivo se desvive por la llegada de la inversión privada a partir de la reducción de tasas y la eliminación de normativa obsoleta para generar nuevos puestos de trabajo, en el Legislativo está en discusión un proyecto relevante que va en ese sendero.

Se trata de una propuesta de la Coalición Cívica, que busca derogar artículos de la ordenanza 18.788. La misma, entre otros aspectos, limita a tres la cantidad de grandes superficies comerciales de una misma cadena de distribución. Es decir, se busca flexibilizar el marco regulatorio para fomentar la radicación de supermercados.

El proyecto tuvo dictamen en la comisión de Industria en octubre. Pero el titular de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), Blas Taladrid, y el vicepresidente de la Cámara de Ferreteros, Gustavo Ares, se expresaron en contra.

También restan limar algunas diferencias en el propio oficialismo para que avance el expediente.