En el Concejo Deliberante comenzará a tratarse el proyecto de “Ficha Limpia” presentado por los concejales de la Coalición Cívica, UCR y PRO por medio del cual se busca inhabilitar a personas que tengan una condena judicial firme por delitos para ocupar cargos públicos en la función pública municipal.

La iniciativa apunta a presidentes y vicepresidentes de Entes Municipales; secretarios y subsecretarios; directores generales y subdirectores; delegados y también a los jueces de faltas, defensores del pueblo, secretario del HCD, entre otros.

El proyecto a su vez determina que no podrán asumir ninguno de los cargos ni nombramientos determinados los ciudadanos con sentencia judicial firme o al menos sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso extendiéndose hasta su eventual revocación posterior, o bien, hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

Al respecto se manifestó la concejal y presidenta del Honorable Concejo Deliberante Marina Sánchez Herrero quien dijo que el proyecto busca “la transparencia en la gestión pública política”. “El compromiso es afianzar la lucha contra la corrupción. Los representantes elegidos por los ciudadanos tenemos que ser ejemplo con el testimonio, además de desempeñar los cargos públicos con responsabilidad e idoneidad”, afirmó.

Por su parte la presidenta del bloque de la Coalición Cívica Angélica González consideró que es “una ordenanza elaborada y acompañada por todo el interbloque de Juntos, un trabajo en equipo, buscando enaltecer la función pública con normas que eleven la vara de la ética, la decencia y la responsabilidad para asumir cargos públicos en nuestra ciudad”.

En el mismo sentido se expresó el presidente del bloque “Vamos Juntos” Agustín Neme: “Lo primero que necesita la gente es confiar en sus representantes. Contar con la aprobación e implementación de esta herramienta sin dudas significará un avance enorme para nuestra ciudad y los vecinos”, dijo.

Respecto a las conductas y delitos el proyecto detalla los relacionados con hechos de corrupción; delitos contra la seguridad de la Nación; delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y encubrimiento; fraude en perjuicio de la Administración Pública; delitos contra el orden económico y financiero; de homicidio, violencia de género o contra la integridad sexual en cualquiera de las modalidades previstas en el Código Penal y deudores alimentarios.