BALCARCE (Corresponsal).- Por unanimidad se aprobó un proyecto de comunicación que presentó la concejal de Cumplir, Mónica Llarena, donde se solicita que tome intervención la Defensoría del Pueblo y el Departamento Ejecutivo ante la posibilidad de que desde el Sindicato de Trabajadores Municipales se les esté cobrando a sus asociados precios mayores a los de mercado en una proveeduría y créditos “usurarios” por las altas tasas de interés que estarían manejando.

El edil José Luis Pérez en la sesión previa del Concejo Deliberante había advertido la situación que se estaría planteando por las quejas que le habían llegado desde los propios afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales.

En diálogo con LA CAPITAL, Llarena consideró necesaria la intervención de la Defensoría del Pueblo para evitar, como aseguró, “que se cometan abusos en las prácticas comerciales”.

La concejal contó que hace tiempo atrás el gremio cambió la forma de utilización de los bonos municipales (una especie de pagaré que cuenta con el aval del organismo. “Siempre los municipales podían utilizar los bonos en diferentes comercios donde podían adquirir diferentes productos comestibles, de limpieza y hasta electrodomésticos. Sin embargo, hace poco tiempo crearon una proveeduría en el sindicato y bajaron todos los convenios con los comercios por lo que los afiliados están obligados a comprarles a ellos”, manifestó.

En ese marco, la edil de la oposición planteó que en esa proveeduría los precios cuestan hasta un 50% más que en el resto de los comercios, por lo tanto, entendió que es una medida “abusiva” desde todo punto de vista.

En tanto, indicó que “los empleados que deben bonos o que directamente solicitan un crédito deben pagar elevadas de las tasas de financiación que llegan al 70% o más y se le aplican a quienes adquieren productos de distinta índole, entre ellos, electrodomésticos”.

En ese marco, Llarena le solicitó al Departamento Ejecutivo que tome cartas en el asunto y “aclare las cosas”. Recordó aquí que desde el año 1992 rige un código de descuento que se aplica de acuerdo a la información que el gremio le envía por los gastos que cada agente municipal efectúa en la proveeduría. Por ley, el máximo de descuento que se puede aplicar es del 30% pero ese tope no se cumple.

“El STM debe proteger los derechos de los afiliados. Sin embargo, les cobra tasas usurarias que han provocado que cuando llega principios de mes los empleados cobren cero pesos. No se cumple con el tope del 30% y el Departamento Ejecutivo tiene las herramientas para resolver esta situación. No puede mirar para otro lado”, argumentó.