El Concejo Deliberante tendrá hoy, a las 15, una nueva sesión ordinaria con un tema central que promete tensión y polémica entre los bloques: la instalación de un bar de gin en un predio lindante al Faro de la Memoria, donde en la última dictadura funcionó un centro clandestino de tortura y detención.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo Municipal, contó con el aval del oficialismo durante el debate en las comisiones, mientras que Unión por la Patria (UxP), Acción Marplatense y el Frente Renovador se pronunciaron en contra. Crear más Libertad se abstuvo.

A grandes rasgos, el proyecto de ordenanza propone otorgar, a través de un convenio, un permiso precario para el uso y explotación de los mencionados terrenos, ubicados en Avenida de los Trabajadores al 5700, a la sociedad de fomento del barrio Faro Norte.

El plazo del permiso es por cinco años, con posibilidad a prorrogar por un año. La entidad permisionaria debe abonar un canon anual de $3.000.000 -equivalente a $250.000 por mes-, el cual se actualizará por inflación.

Una de las grandes polémicas se vislumbra en los usos de suelo permitidos. De acuerdo al expediente, en el predio se propone habilitar “instalaciones destinadas a establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación”. Esto avala, por caso, la producción de gin.

A su vez, la sociedad de fomento podrá ceder el predio a terceros, lo que habilita el desembarco de un privado.
La iniciativa generó el inmediato repudio no solo de la oposición local, sino también de organismos de derechos humanos y vecinos particulares.

“Empecé mi detención en la Base Naval y en el segundo período fui al Faro. El municipio tiene una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados. ¿Justo ahí tienen que poner una gintonería?”, señaló por caso Alberto Pellegrini, un vecino que fue secuestrado en la última dictadura militar, durante el debate en la comisión de Legislación.

“Hay una preocupante ignorancia y desconocimiento de lo sucedido hace 40 años en la historia de nuestro país”, expresó Fernando Martínez Delfino, en representación de los organismos de derechos humanos.

Por el oficialismo, Marianela Romero (UCR) recordó que el predio en cuestión estaba “en malas condiciones” y que “el Ejecutivo lo limpió”.

En la misma línea, Agustín Neme (Vamos Juntos) apuntó: “La información que adjuntamos habla de un predio que nada tiene que ver con los derechos humanos, con la historia de nuestro país o con la dictadura, así que no vamos a entrar en una discusión ridícula”. Y sentenció: “¿Por qué no mejorar este espacio, vincularlo y permitir que la gente lo conozca? No tengamos miedo al sector privado”.

Por su parte, Mariana Cuesta (UxP) sostuvo que el proyecto “es invotable”, ya que el expredio de la ESIM “fue un lugar de muerte y tortura, y no puede convertirse en un sitio de nocturnidad”. A su vez, planteó que la propuesta tiene “una profunda mirada negacionista”.