Con el pliego licitatorio frenado en la comisión de Legislación, un pedido de aumento de boleto sobre la mesa y una solicitud de prórroga por tres años sin considerar, el Concejo Deliberante manifestó su “buena voluntad” para tratar la declaración de emergencia para el transporte público.

Los presidentes de bloque de la UCR, Vilma Baragiola, y del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, pusieron en esos términos la activación sobre tablas del expediente en la comisión de Movilidad Urbana, presidida por el oficialista Agustín Neme.

La declaración de emergencia fue solicitada por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) a través de una nota presentada el 14 de abril en el cuerpo deliberativo.

Firmada por su presidente, Juan Inza Decaux, en ella las concesionarias sostienen que existen circunstancias de “extraordinaria fuerza mayor” y que, de no adoptarse medidas de asistencia, se quebrará la ecuación económica financiera que rige el contrato de concesión con el municipio, lo que afectará “la continuidad, regularidad, obligatoriedad, calidad y eficiencia” del servicio.

“Resulta indispensable para el mantenimiento de la continuidad de la ejecución de este contrato de concesión de servicio público que, previa declaración de emergencia de la actividad, se autorice al Poder Ejecutivo Municipal a readecuar temporalmente las cláusulas y condiciones contractuales a fin de poder rediseñar el sistema público de transporte de pasajeros”, pidieron los empresarios.

De esta manera, buscan que se replanteen las frecuencias mínimas exigidas y su distribución a lo largo de cada día conforme los picos de demanda, así como la cantidad de unidades requeridas para la prestación del servicio y su recurso humano. También que se “optimicen” las condiciones operativas, se puedan readecuar los recorridos y se autorice al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias.

Las empresas vienen advirtiendo de su delicada situación económica-financiera desde la implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en marzo del año pasado.

Consideraron que las nuevas restricciones a la circulación nocturna “indefectiblemente ahondarán aún más” las limitaciones a la “libertad de circulación”. Y recordaron que en ciudades de similares características en cuanto a población y tipo de servicio público, como Rosario, Córdoba y Bahía Blanca, la emergencia fue declarada el año pasado, “con la pertinente delegación de facultades extraordinarias a favor del Departamento Ejecutivo local”.

“Entendemos que la adopción de medidas restrictivas a la libre circulación resultan razonables. De la misma manera, entendemos como razonable y necesario que los servicios públicos continúen funcionando para transportar a los ciudadanos que despliegan actividades esenciales”, aclararon.

En la última reunión de la comisión de Movilidad Urbana, Neme pidió la incorporación del expediente sobre tablas (es decir, sin que figurase en el orden del día) y propuso que se solicitara un informe a la Subsecretaría Legal y Técnica del municipio. Oficialistas y opositores se mostraron de acuerdo.

“Estamos ingresando sobre tablas una emergencia”, hizo notar enseguida el jefe del principal bloque opositor, y remarcó la “buena voluntad de los concejales” para avanzar en el tratamiento del expediente. “Si no, parece que para ciertos sectores siempre tenemos mala voluntad”, deslizó.

Baragiola respaldó las palabras de Gutiérrez y resaltó: “Hay muy buena voluntad de todos los concejales para buscar que el sistema de transporte siga funcionando en Mar del Plata”.

La integrante del interbloque oficialista admitió los “inconvenientes con el tratamiento del pliego” para convocar a licitación ante el vencimiento del contrato con las actuales concesionarias (el 19 de junio) y afirmó que, “por lo tanto, va a haber que tomar medidas”.

A fines del año pasado, Cametap solicitó una prórroga por tres años del servicio que aún no fue considerada por el Concejo. Por su parte, ante el pedido de aumento de boleto a $ 96,06 que formularon los empresarios, la comisión de Movilidad Urbana había solicitado un informe al Ejecutivo, mientras que el pliego –principal proyecto del gobierno de Guillermo Montenegro para reformar el sistema de transporte– tuvo el aval de esa comisión pero está empantanado en la de Legislación.