El Concejo Deliberante convalidó este jueves por mayoría la adhesión a la ley de emergencia en infraestructura provincial, mediante la que el gobierno municipal buscará acelerar los trámites en las licitaciones de obras públicas financiadas con fondos del gobierno bonaerense.

El proyecto fue aprobado por mayoría, con los votos de la Agrupación Atlántica PRO y el radicalismo, la abstención del Frente Renovador y el rechazo del Frente para la Victoria, Acción Marplatense y el concejal Balut Tarifa Arenas.

La emergencia regirá por un año con la posibilidad de otro de prórroga. Faculta a rescindir, renegociar y aumentar o disminuir hasta un 35% las prestaciones y montos de los contratistas particulares con relación a los contratos en vigencia.

Además, se podrá “diferir el requerimiento de la constancia de inscripción en los registros de proveedores y licitadores” por 90 días. Para eso, los contratistas deberían presentar el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (Rencop).

La ley establece que previo a la adjudicación de los contratos, y por única vez en todo el proceso de contratación, deberá darse cuenta a los organismos de asesoramiento y control. Los informes deberán llegar en un plazo máximo de siete días hábiles, y si no llegan “se entenderá que no existen objeciones que formular, quedando el funcionario requirente autorizado para disponer la continuación del trámite”, puntualiza.

Establece al mismo tiempo la excepción de la intervención obligatoria del Consejo de Obras Públicas, no así para el dictamen técnico de los proyectos de obras, que debe expedirse en tres días hábiles. Como en el caso de los organismos de control, si no llega el dictamen en ese plazo se interpretará que no hay objeciones.

En general, la oposición advirtió la posibilidad de que se pasen por alto estos controles, mientras que el oficialismo sostuvo la necesidad de la emergencia para agilizar obras de pavimentación y en centros de salud.