En un clima caliente, en medio del repudio de los organismos de derechos humanos, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría el proyecto de ordenanza para instalar un bar de gin en un predio lindero al Faro de la Memoria.

El proyecto fue convalidado con los votos del interbloque oficialista (Vamos Juntos, UCR y Coalición Cívica) y el de Crear más Libertad, mientras que Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador se opusieron con fuertes críticas.

Horacio Taccone, de Acción Marplatense, lo consideró “una barbaridad, un a tropello a la memoria”, y se preguntó: “Qué nos está pasando para que hoy estemos tratando un espacio tan caro a los sentimientos de los argentinos para que allí se instale una destilería de gin? ¿Se volvió loco el Ejecutivo municipal?”. Y se respondió que, a su entender, lo que sucede es que el intendente busca actuar “en espejo con el Gobierno nacional”.

“Donde hubo una tragedia hay que cultivar la memoria, no podemos destilar gin”, planteó Taccone, y también marcó “violaciones a las normas legales”, como por ejemplo la falta de un estudio de impacto ambiental actualizado.

La bancada de Unión por la Patria mostró documentación que exhibía que el terreno en cuestión formaba parte durante la dictadura del predio de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), que fue un centro clandestino de detención, en contraposición al argumento oficialista de que no tiene “nada que ver” con la lucha por los derechos humanos.

“No quiere decir que allí no puede haber actividades o articulación entre lo público y lo privado, pero tiene que respetarse la historia, nuestra memoria”, consideró Valeria Crespo, al tiempo que habló de un expediente “plagado de irregularidades” que “nunca debió haber llegado a sesión”.

La presidenta del bloque de UP, Mariana Cuesta, mencionó que tanto sobrevivientes de ese centro clandestino como la Universidad Nacional de Mar del Plata se manifestaron en contra. “Esta ordenanza tiene aspectos negacionistas. Intenta decirnos que las cosas que sucedieron no sucedieron”, afirmó.

“El expediente entrega el espacio público a una sociedad de fomento que está muy floja de papeles, pero subrayó, y apuntó que se trata de una reserva ambiental, por lo que debería haber un estudio de impacto ambiental. A todo eso, dijo, se agrega que se entrega por $ 250 mil pesos por mes. “Este expediente es una burla”, resumió. Y agregó: “A los que no se conmueven por las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no les hace ruido que entreguemos dos hectáreas por 250 mil pesos por mes?”, preguntó.

Juan Manuel Cheppi (Frente Renovador) ensayó un encendido discurso contra el gobierno municipal, en el que terminó reclamándole “un poco de seriedad” en para los que quieren vivir “en una Mar del Plata con futuro y también con memoria, verdad y justicia”.

Emiliano Recalt, de Crear más Libertad, se pronunció a favor de “seguir fomentando la participación público privada”, y consideró que la ordenanza puede ser un “disparador” para más inversiones.

Marianela Romero, de la UCR, explicó entre abucheos el proyecto oficial: sostuvo que se trata de un proyecto integral para el predio, que va más allá de la destilería de gin. Además, ratificó la defensa de los derechos humanos por parte del radicalismo y lanzó: “A la dictadura nunca más y al avance de la ciudad, siempre sí”. 

“El expediente en cuestión tiene como único objetivo poner en valor un espacio municipal, no es ideológico, no tiene nada que ver con los derechos humanos”, afirmó Agustín Neme, de Vamos Juntos, el bloque del intendente.

La ordenanza

La ordenanza autoriza el uso y ocupación con carácter precario de parte de una parcela de dominio fiscal municipal integrante del denominado “Paseo Costanero del Sud Presidente Arturo Umberto Illia” a la asociación vecinal de fomento Faro Norte.

Fija como uso de suelo admitido a las “instalaciones destinadas a establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación (…) como anexo de la actividad gastronómica, para consumo en el local y sin distribución”. Menciona además que el guardado y estacionamiento de vehículos y la carga y descarga “deberán desarrollarse dentro de la parcela”.

Puntualiza además que “el Departamento Ejecutivo, por medio de los órganos y entes competentes, deberá controlar que la permisionaria y su eventual cesionario cumplan oportunamente con los requerimientos de la Comisión Técnica del Paseo Costanero Sur efectuados en el expediente y presente Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previo al inicio de actividades”.

El convenio entre la comuna y la asociación de fomento, cuyo texto forma parte del expediente, se firmará por cinco años, “cumplido el cual permitirá tener por concluido el permiso otorgado en forma automática y sin necesidad de interpelación de ningún tipo”. Podrá prorrogarse hasta un plazo máximo de un año contado desde el vencimiento, “en las condiciones que en dicha oportunidad establezcan las partes”. Para eso, la asociación “deberá manifestar fehacientemente a la Municipalidad su voluntad de optar por la continuidad del permiso con una antelación de 90 días corridos a la finalización del permiso”.

Al finalizar el plazo de vigencia establecido en la cláusula anterior o al producirse la extinción del convenio,
cualquiera sea la causa que origine tal circunstancia, la permisionaria deberá restituir en diez días la tenencia del inmueble “totalmente libre de intrusos y/o ocupantes y en perfecto estado de conservación, salvo el natural desgaste
producido por el uso cuidadoso del bien”.

A su vez, la sociedad de fomento “reconoce expresamente el carácter de bien del dominio público de la administración municipal y, en consonancia con ello, las facultades que le asisten a la Municipalidad para llevar adelante su desocupación a través de la vía administrativa y sin necesidad de acudir a planteo judicial alguno”.

La permisionaria se obliga a abonar anualmente, como contraprestación por el uso y explotación sobre el predio asignado, conforme con la estimación del valor que la Comisión Municipal Permanente de Tasaciones determine,
un monto no inferior a los $ 3.000.000 que se actualizará con la inflación anual y se pagará en forma mensual (de ser ese el canon final, serían $ 250 mil mensuales).

La asociación de fomento deberá “mantener la limpieza y el buen estado general del inmueble” y se hará cargo del pago de todos los impuestos, tasas, servicios y/o contribuciones que graven el predio durante toda la vigencia del convenio, así como las que correspondan a las actividades que en él realice. A tal fin, deberá presentar ante la autoridad de aplicación, en forma semestral, los comprobantes de pago que acrediten el cumplimiento.
También estará a cargo de la entidad la instalación, mantenimiento y pago de los servicios de agua corriente y cloacas, energía eléctrica y todo otro servicio o concepto que a futuro se instale en el inmueble.

La cláusula decimotercera del convenio establece que “la permisionaria podrá ceder total o parcialmente los
derechos” a terceros, “siempre que dicha cesión no exceda el marco del convenio, previa autorización expresa del municipio”.