BALCARCE (Corresponsal).- Causó sorpresa y seguramente dará un largo debate en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante el pedido del concejal del Frente Renovador, Gabriel Petruccelli, para que funcionarios y concejales se realicen una rinoscopía. Se trata de un instrumento que se utiliza para examinar el tabique cartilaginoso, que es la parte que afecta, en este caso, el consumo de alguna droga.

Petruccelli, en diálogo con LA CAPITAL, desestimó cualquier tipo de comentario de pueblo acerca de que el pedido esté conceptuado en base a cualquier suposición. “No está dirigido a nadie en especial pero me parece oportuno que nos demos el debate. Esto no se aprobará de un día para el otro porque es un tema para tratar seriamente”, consideró.

El edil opositor pretende la realización de estudios de aptitud psicofísicos para personas que estén ejerciendo algún tipo de cargo en la función pública. Dentro de esos estudios figura una rinoscopía, práctica médica orientada en determinar si la persona consume sustancias prohibidas como la cocaína.

El proyecto del representante del Frente Renovador establece que busca “dar respuesta a las sospechas que existen en la sociedad sobre posibles vínculos entre el narcotráfico y la política”.

El concejal que abrió la polémica indicó que “si bien es un tema personal y que avanza sobre la intimidad de las personas, en alguien que tiene una decisión trascendental y de quien dependen los intereses de muchas personas amerita el debate”.

Petruccelli –además- es un médico clínico que pretende que los ciudadanos conozcan el estado de salud de los funcionarios que arbitran medidas que los afecta en su vida cotidiana.

En las argumentaciones del proyecto massista, se indica que “las personas pertenecientes a la clase política deben poseer y mantener determinadas cualidades morales y éticas pues ellas son el fundamento de sus acciones públicas y esas el ejemplo que necesita ver la ciudadanía”.

En este marco, la presentación establece que el consumo de sustancias ilegales por si, demuestra que la persona está “en una relación comercial o de amistad con algún delincuente o banda de delincuentes, proximidad que es evidentemente dañina según las máximas del sentido común, para los intereses colectivos, que obstaculiza notablemente y en forma grave su desempeño laboral”.