El colmo de un centro de monitoreo podría ser que no haya personal para mirar las cámaras que ayudan a prevenir el delito. Y el de Mar del Plata, el segundo más grande del país después del de Buenos Aires, va en ese camino: a la mañana no tiene más de diez empleados y a la noche todavía menos, según pudo saber LA CAPITAL.
El número no estaría mal para una ciudad chica, con poca superficie para vigilar. Pero es insignificante en un distrito de más de 700.000 habitantes que tiene distribuidos en su territorio unas 850 cámaras con la intención de llegar a 1.132. La prevención del delito que se puede realizar desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) se vuelve así una utopía. Y la inversión de 100 millones de pesos que se hizo para ponerlo en marcha, un gasto sin sentido.
Dos decisiones del gobierno de Carlos Arroyo llevaron al COM a la escasez de operadores que sufre hoy: el recorte de más del 50% de las horas extras implementado desde enero y el freno de la licitación mediante la que la administración anterior pretendía contratar personal.
La disminución de horas extras impide que los agentes que hoy se desempeñan en el lugar (ubicado en Juan B. Justo 3653) pueda ocupar más turnos de trabajo. La paralización de la licitación, que haya nuevo personal para ocuparse de las mayores demandas que implica el servicio. Porque no sólo hay que mirar las 850 cámaras: también hay que estar atento a los botones de alerta para el seguimiento de las víctimas de violencia de género, a los que se colocaron en los comercios, al de los 700 remises que circulan por la ciudad, al de los 444 colectivos y al de los taxis.
A eso se le suma la ordenanza que permite incorporar cámaras del sector privado a la red pública para ser monitoreadas en forma reactiva. ¿En qué consiste? Ante un hecho denunciado a través del 911 o de las líneas de atención municipal, los agentes que están en los puestos de monitoreo pueden apelar tanto a las cámaras municipales como a las privadas para hacer el seguimiento.
“Si nosotros no tenemos agentes que estén observando a la gente cuando está esperando el colectivo, que esté observando los lugares que el Centro de Análisis Estratégico del Delito nos indica como los de mayor preeminencia para el robo automotor… ¿para qué invertimos más de $ 100 millones? Porque lo importante, además de tener la infraestructura, es tener el recurso humano para monitorearla”, dijo el ex secretario de Seguridad Adrián Alveolite.

¿Revisión o parálisis?

Después de que Julio Razona dejara la Secretaría de Seguridad a una semana de asumir, el intendente ordenó una auditoría en el área. En la revisión ingresó una licitación para instalar 327 cámaras de seguridad y la de la contratación del servicio de coordinación y monitoreo, que “fue prácticamente dejada de lado por razones de oportunidad y mérito de la actual administración”, según se desprende de un informe sobre la auditoría firmado por el propio Arroyo. El objetivo de la licitación era contratar una empresa para que cubriera unos 250 puestos de monitoreo del COM. Se habían presentado dos firmas: Watchman, que ofertó hacerlo por $ 61,3 millones, y Prosegur, que con su propuesta de $ 58,2 millones era la que más se acercaba al presupuesto oficial, de unos $ 53 millones. Al término de la gestión de Gustavo Pulti, el 10 de diciembre pasado, las ofertas eran analizadas por la comisión evaluadora.
La primera duda que surge es por qué el gobierno anterior prefería a una empresa para que realizara tareas en el COM y no contrataba más personal municipal. “Tuvimos un análisis económico sobre la conveniencia operativa de contratar nuevo personal municipal o abastecernos del recurso humano a través del aporte de una empresa privada”, señaló Alveolite.
El ex funcionario aseguró que pesó más “la posibilidad de tener cubierto cada puesto las 24 horas de los 365 días con una persona que no estuviera expuesta al régimen de empleo público municipal”, lo que a su entender significaba “que un agente se enfermara o se fuera de vacaciones y un puesto quedara sin cubrir”.
En cambio, “la empresa garantizaba una persona continuamente cubriendo esos puestos de trabajo más allá de alguna ausencia temporal”.
A su entender, la licitación “no implicaba bajo ningún concepto una tercerización de los servicios que brinda la tecnología apostada a la seguridad”.
“No implicaba ceder el control del Centro de Monitoreo. Todo lo contrario: significaba tener recurso humano que bajo la supervisión de agentes municipales y la dirección técnica de personal municipal pudiera dirigir las acciones del COM de la forma en que corresponde. Porque multiplicar casi por diez las cámaras que tenía el Estado municipal para videovigilancia implicaba también la necesidad de tener más recursos humanos”, argumentó.
Si la administración de Pulti se había inclinado por la contratación de una empresa mediante una licitación, la de Arroyo no lo hizo por esa opción ni por la de tomar más personal municipal. A casi tres meses de asumir, todavía no tomó ninguna decisión.
“Trabajar así no tiene sentido. No hay gente para mirar las cámaras”, comentaron en el COM el jueves. Ayer, desde ese mismo lugar, Fernando Telpuk, jefe de la Policía Local y virtual secretario de Seguridad (Razona no tiene reemplazante formal), habló maravillas del operativo de seguridad que se desplegó en el verano.
“Hemos logrado tener una temporada mucho más tranquila que la anterior, con menos violencia, menos homicidios, menos robos. Y eso no es casual, sino que se debe a la articulación y al trabajo del CPC (Comando de Prevención Comunitaria), de la Policía local, de un enorme trabajo que han hecho las fuerzas federales y también de Tránsito, que ha colaborado y trabajado para lograr un mejor ordenamiento vehicular”, dijo Telpuk. “El trabajo coordinado e inteligente genera frutos y eso es lo que hemos logrado”, agregó. Pero nada dijo de la falta de personal para mirar las cámaras que ayudan a prevenir el delito.