Muchas cifras y datos, reuniones y convenciones ocuparon a los principales empresarios, economistas y dirigentes del país.

Si los datos de pobreza provocaron un cimbronazo entre los políticos por la magnitud del problema, los datos de empleo generaron indignación entre la población.

El mundo sigue mirando a la Argentina y el cambio que encaró a partir de diciembre pasado. Pero la pregunta que todo el mundo se formula es si la administración Macri podrá concretar ese cambio.

Los datos de pobreza no hicieron otro cosa que volver a poner sobre la mesa, las consecuencias de los fracasos de la dirigencia política del último medio siglo y que derivaron en una economía que apenas puede producir y exportar alimentos balanceados para el engorde de animales.

Con esto no sólo no alcanza sino que es el resultado de los niveles de pobreza.

La estructura productiva argentina está hecha pedazos. Desde la energía y el transporte hasta la exportación y los servicios financieros, en todos los sectores se observan fuertes distorsiones que terminan en un voraz proceso de descapitalización.

La economía, a girones, no se recupera por el enorme peso de un Estado ineficiente que se lleva la mitad del PIB y donde una minoría mantiene al resto de la sociedad.

Apenas la quinta parte de la sociedad debe soportar el peso de mantener al resto.

Los datos del empleo son elocuentes. Mientras se destruyeron 90 mil empleos en la actividad privada, la decadente dirigencia política creo 80 mil nuevos puestos en los distintos niveles de gobierno. Casi cuatro millones de empleados públicos, uno cada diez habitantes, en la era tecnológica, es un abuso y pone de manifiesto que el empleo público es un seguro de desempleo encubierto.

Esto se traduce en más burocracia improductiva y más déficit fiscal, más inflación y más pobreza, y en menos actividad económica.

Los datos revelan que la economía está en recesión, las ventas cayeron 7 por ciento, la actividad industrial cayó 5,7 por ciento y la construcción 3,1 por ciento.

El Estado desplaza a la actividad privada. ¿Quién va a invertir en una economía en la cual el Estado se lleva la mitad de la riqueza producida y tiene la mayor presión fiscal global del planeta?

Hasta el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tuvo que admitir las dificultades que tiene el país para conseguir inversiones. “Los inversores dudan sobre el rumbo político y económico del país después de 2019”, despachó Frigerio, aunque para 2019 falta mucho.

Mientras tanto, el gobierno utiliza los mismos mecanismos que usara el peronismo para eliminar posibles avances de la oposición y entrega fondos alegremente a provincias y sindicatos sin el menor control.
Sin exigir y sin auditar los balances, el gobierno giró a la corporación sindical millones de pesos para las obras sociales.

De la misma manera, hizo lo propio con la corporación política y giró millones de pesos a las provincias y municipios, al tiempo que les permitió financiar sus desequilibrios fiscales con un aumento de la deuda.

Esto hace que el gasto del Tesoro aumente y con ello, el déficit fiscal, mientras se mantiene una presión tributaria asfixiante al sector productivo.

En otras palabras, el gobierno pactó con los grupos de poder un seguro contra un eventual golpe, poniendo de rodillas, una vez más, al sector privado y ahora se queja que las inversiones no llegan.

Y así como se lo hicieron saber los empresarios extranjeros en el “mini-Davos”, también se lo transmitieron los locales. “No habrá inversiones hasta tanto, el gobierno no aplique reformas estructurales administrativas, impositivas y laborales”, revelaron desde la Convención del IAEF en Córdoba.

Y para llevar adelante esas reformas hay que terminar con el carnaval fiscal y eliminar la inflación.

DyN.