Por Ramiro Melucci

–Qué día triste les tocó para venir –le comentó una concejal a una integrante de los organismos de derechos humanos. Todavía no había comenzado la reunión de la comisión de Obras del Concejo Deliberante en la que se trataría el controvertido proyecto para permitir la instalación de un bar de gin en un predio lindero al Faro de la Memoria. Los organismos aguardaban para dejar en claro su rechazo y tratar de torcerle el brazo al interbloque oficialista. Y la charla previa no se circunscribía en ese instante al proyecto del gobierno municipal, sino a los acontecimientos de Venezuela.

–Ah, pero yo estoy contenta con el resultado –respondió la aludida. Era el indicio de que ningún consenso iba a sobrevenir. El presagio de otra diferencia irreconciliable.

El interbloque oficialista avanzó el martes y prevé dar dictamen mañana al proyecto de ordenanza para otorgarle a la sociedad de fomento Faro Norte un terreno cercano un ex centro clandestino de detención con el objetivo de que lo ponga en valor. Podrá cederlo a terceros para su explotación comercial y, entre los usos permitidos, figura la venta de gin.

Para buena parte de la oposición, el proyecto rompe la tradición de repudiar la desaparición forzada de personas durante la última dictadura. Para el oficialismo, el terreno en cuestión no tiene ninguna relación con los derechos humanos porque es un espacio distanciado del Faro de la Memoria.

La reunión de la comisión de Obras en la que el oficialismo avanzó con el proyecto del bar de gin en el predio lindero al Faro de la Memoria.

La polémica subió como hace tiempo no sucedía la temperatura política. De los dos lados aportaron leña para el fuego. Con documentos, comunicados y posteos en redes sociales que en muchos casos excedían los límites de la discusión. Los oficialistas la intercalaron con la presentación de nueve proyectos de resolución vinculados con la situación de Venezuela. Destinados a exponer la vara con que el kirchnerismo juzga al gobierno de Nicolás Maduro.

En la reunión de comisión, las alusiones de los organismos de derechos humanos a lo que haría el expresidente Raúl Alfonsín si reviviera procuraron tocar las fibras de los radicales. No lo lograron. Los ediles de la UCR acompañaron sin remordimientos el proyecto. Eso sí: a pesar de que suelen ser voces autorizadas en la comisión de Obras, no atinaron a abrir la boca. Tampoco las dos integrantes del bloque del intendente pidieron la palabra, pero en el caso del radicalismo se pareció mucho a una devolución de gentilezas interna por el silencio del PRO en la elección del defensor del pueblo.

El mutismo radical, de todos modos, no se extenderá por mucho tiempo. El presidente de la comisión de Legislación, el Daniel Núñez, se prepara para justificar la decisión desde el aspecto técnico. Será mañana, en el encuentro en que el interbloque oficialista buscará dejar al expediente en condiciones de ser aprobado en la próxima sesión.

La polémica subió como hace tiempo no sucedía la temperatura política. De los dos lados aportaron leña para el fuego. Con documentos, comunicados y posteos en redes sociales que en muchos casos excedían los límites de la discusión.

La semana ya había comenzado con una decisión contundente del gobierno municipal: la de levantar los puestos fijos de la histórica Diagonal de los Artesanos.

Aunque la fuerza de choque en la cruzada de las ferias la comanda el subsecretario de Inspección General, Marcelo Cardoso, e interviene el secretario de Seguridad, Rodrigo Goncálvez, el intendente le dio a Fernando Muro un rol central en la planificación. Fue cuando, a través de un decreto del 19 de junio, designó a la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada como autoridad de aplicación de las ferias y mercados.

El mismo decreto dispuso que “las características de las estructuras serán removibles”, por lo que “deberán ser retiradas una vez finalizada la actividad diaria”. También aclara: “No se podrán fijar estructuras al piso, ni quedar emplazadas en forma permanente”.

Cerca de Muro recordaron que ya la ordenanza 13617, que autoriza el uso y ocupación para el sistema de ferias artesanales, establecía “las características de los stands modulares desarmables” o “mesas o tablones con caballetes” que debían ser retirados finalizado el horario de funcionamiento de la feria.

Acaso sea para disimular la contradicción del decreto con la ordenanza específica de la feria de artesanías y manualidades de la calle Mitre, la primera que el municipio removió. Allí también se habla de “stands modulares desarmables”, pero se pone como excepción el “período de verano y de vacaciones de invierno”, durante el que “podrán permanecer instalados de modo permanente”.

En el municipio admiten que el ordenamiento de las ferias necesitará una adecuación normativa. Es inminente el envío al Concejo de un proyecto unificador. También buscan dejar en claro otro aspecto: el cuerpo deliberativo otorga el permiso de ocupación del espacio público y el Ejecutivo es el que reglamenta cómo debe implementarse.

La ofensiva genera resistencias. A pesar de que el municipio asegura que podrían trabajar con una mesa y un caballete, hay artesanos que no volvieron a ofrecer sus productos. “Dejan sin trabajo a 82 familias”, plantearon los de la diagonal. Funcionarios municipales que caminaron por el lugar sobre el final de las vacaciones de invierno juran que sólo había “seis puestos funcionando”.

El desarme de las estructuras era, según el gobierno local, fundamental para la seguridad. “Había hechos todos los días, algunos espantosos. Hubo un intento de violación y algunos puestos eran usados de noche por transas”, relataron en la comuna. De allí que el operativo también recibió elogios de vecinos y comerciantes. Combinados con reclamos de intervenciones similares en otras zonas de la ciudad.

Por más que el intendente se esfuerce en otorgarle menos relevancia a la batalla con el sindicato municipal, la continuidad de la retención parcial de tareas sigue impidiendo un funcionamiento normal del municipio. Muchas cosas que deberían hacerse no se hacen, ahora no sólo por falta de recursos, sino también porque no está disponible el personal.

Después de que el Ministerio de Trabajo bonaerense le rechazara al municipio una impugnación administrativa, el sindicato volvió a reclamar que se implemente el convenio colectivo de trabajo que firmó con la administración de Carlos Arroyo. Montenegro se niega a instrumentarlo porque lo considera desventajoso para la comuna. Se aproxima un nuevo round judicial.

Pero habría que prestar atención a algunas revelaciones. La cúpula del STM contó que su expectativa de mejora salarial radica en la mayor recaudación que obtendrá el municipio a partir de la restitución del Impuesto a las Ganancias, que se coparticipa. Estima que ingresarían entre $ 1800 y 1900 millones en el segundo semestre, por lo que el Ejecutivo podría mejorar cuatro puntos su oferta salarial. El cálculo a futuro podría interpretarse como un reconocimiento de que el municipio no tenía para ofrecer más de lo que ofreció. Y la alusión a la fuente de financiamiento para la mejora de la oferta puede prestarse para alguna ironía, sobre todo después del respaldo al reclamo que dio la CGT, crítica de la restitución del Impuesto a las Ganancias.

Montenegro junto a Macri, en el relanzamiento del PRO. 

En ese escenario conflictivo, el intendente llevó su modelo de gestión al relanzamiento del PRO. Sonrió al lado de Mauricio Macri. Y lució más alineado al expresidente que nunca. A pesar de que, en el raid mediático posterior, el fundador del PRO consideró “un error” la nominación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, que Montenegro defiende sin tapujos.

Antes mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada. Fue tras la reunión del ministro con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Dicen que duró alrededor de media hora, pero lo se habló es, hasta ahora, un misterio.