Por Ramiro Melucci

Aunque todavía falta una sesión, un último acto antes de que caiga el telón, ya es posible trazar un balance del año legislativo en Mar del Plata. Un año en el que el gobierno de Carlos Arroyo alternó logros pero también sinsabores en el Concejo Deliberante. En el que el oficialismo perdió la mayoría. En el que, a la vez, se vio obligado a alternar los socios para compensar las rispideces con parte de su bloque aliado, el de la UCR.
La emergencia financiera de principios de año, que le permitió sentar un precedente ?al menos discursivo? del punto de partida de la nueva administración; el nuevo Código de Publicidad, que desde lo simbólico fue una cachetada para la gestión anterior y significó el cumplimiento de una promesa de campaña; la emergencia por motivos de género y los proyectos para impulsar obras públicas y privadas figuran entre los éxitos del gobierno.
En la otra punta aparecen el estrepitoso fracaso del boleto universitario gratuito y el pantano en el que quedó el plan para aplicar las fotomultas. Eso sin mencionar las serias dificultades para presentar expedientes de manera prolija y con los informes correspondientes, acaso el aspecto más cuestionado por la oposición.
El bautismo de fuego tuvo lugar el 28 de enero, cuando tras cuatro horas de debate el Concejo aprobó la emergencia económica, financiera, administrativa, social, educativa y en seguridad. Para lograrlo sin necesidad de recurrir al voto doble del presidente del cuerpo, Guillermo Sáenz Saralegui, la bancada oficialista (Agrupación Atlántica-PRO) tuvo el apoyo del radicalismo y de un concejal peronista, Balut Tarifa Arenas. El Frente Renovador y el Frente para la Victoria votaron sólo algunos artículos y Acción Marplatense, consciente de que lo que se debatía en realidad era la herencia de Gustavo Pulti, rechazó el proyecto en su totalidad.
Casi dos meses después, el 23 de marzo, la gestión de Arroyo logró la sanción de su primer presupuesto. La oposición interpretó, como en el caso de la emergencia, que se trataba de una herramienta indispensable para que el gobierno diera sus primeros pasos, por lo que no resultó sorpresivo el respaldo unánime con la abstención de Acción Marplatense. De igual forma se aprobaron, en la misma jornada, las ordenanzas fiscal e impositiva, con un aumento promedio en las tasas del 27,3%.
Pero el resultado positivo de aquella votación no alcanza a describir lo que en realidad fue el debate previo en comisiones, donde parte de los funcionarios municipales dejó un tendal de dudas acerca de los proyectos de la gestión. En esas primeras incursiones ante los concejales, la más cuestionada fue sin duda la secretaria de Educación, Ana María Crovetto, que en tramos de su exposición se circunscribió a leer los rubros presupuestados y sus partidas correspondientes. Sucedió en un momento en que las explicaciones eran necesarias: se había echado a correr la versión del cierre del Programa Educativo Barrial (PEBA) y nadie acertaba a dar una versión oficial exenta de imprecisiones.
El presupuesto del Ente de Deportes fue otro de los que estuvo bajo la lupa de los bloques opositores, que terminaron por torcer la intención inicial de cobrar un bono solidario de 50 pesos a quienes concurriesen a los polideportivos barriales.
El mismo día que terminaría con su primer presupuesto aprobado en el Concejo, el intendente Arroyo presentó junto con integrantes de la Federación Universitaria Marplatense (FUM) y autoridades universitarias el proyecto de ordenanza para implementar el boleto universitario gratuito.
La iniciativa había sido redactada a cuatro manos entre el gobierno y la FUM tras diversas reuniones de los estudiantes con el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y su par de Desarrollo Social, Vilma Baragiola. Pero el traspié fue categórico: integrantes de la comisión de Transporte cuestionaron duramente el proyecto ?en público o por lo bajo? porque no determinaba con precisión cómo iba a financiarse la gratuidad que instituía. Por eso, en lugar de aprobarlo, creó una comisión ad hoc con estudiantes y concejales que no se reunió casi nunca y avanzó menos.
“En la pared de una facultad están las caras de todos los concejales de la comisión de Transporte, a quienes los estudiantes nos responsabilizan de que no haya avanzado la propuesta. Yo le agregaría la de Arroyo”, comentó un concejal que conoce las inconsistencias del proyecto oficial.
Otro proyecto que no superó nunca la barrera de la comisión de Transporte fue el de las fotomultas. El gobierno lo impulsó a fines de agosto, tras anular una licitación del gobierno anterior y optar por un acuerdo con la Universidad Tecnológica nacional (UTN) de La Plata, denunciada en la capital provincial por posibles hechos de corrupción. En el centro del debate está el porcentaje de la recaudación que le quedará al municipio y el monto que corresponderá al prestador privado. Como anécdota permanecerán las máximas de Arroyo sobre el tema, que dijo que de aprobarse el plan el municipio se volvería millonario y hasta le prestaría plata a la Provincia.

La otra emergencia

El 8 de marzo, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, Baragiola anunció el proyecto de ordenanza para declarar la emergencia de género, una vieja demanda de las organizaciones que bregan por los derechos de las mujeres. “Estamos gestando una herramienta que en Mar del Plata se prometió hace muchos años y nunca había logrado tener su aprobación”, dijo la secretaria de Desarrollo Social.
En la discusión legislativa, el oficialismo abrió el proyecto y permitió modificaciones propuestas por los otros bloques y consideraciones de las propias organizaciones. Luego de más de tres meses de debate en comisiones y seis días después de una marcha “Ni una menos”, el cuerpo aprobó el proyecto por unanimidad.
Entre otros puntos, la ordenanza amplió el régimen de asignaciones económicas temporales e incrementó el monto; estableció que las víctimas tendrán un cupo en los planes de construcción de viviendas y que se otorgará prioridad a las que tengan hijos a cargo. También determinó que se gestionarán terrenos fiscales destinados a la construcción de viviendas ante el Banco de Tierras Municipal.
El contenido de la norma fue celebrado por oficialistas y opositores. Lo que aún no surge con nitidez es su puesta en práctica: en noviembre, cinco meses después de su aprobación, las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres insistieron en la necesidad de volcar más recursos para aplicar en su totalidad la ordenanza. Los números del presupuesto 2017 exhibirán si fueron o no escuchadas.

Las obras y el logro

En un año en el que el discurso de los gobiernos nacional, provincial y municipal estuvo dominado por la promesa de obras públicas y privadas tendientes a reactivar la economía, el Concejo aprobó buena parte de los proyectos solicitados por la administración de Arroyo para acelerar los trámites: desde la adhesión a la emergencia en infraestructura de la provincia, que autorizó a evitar algunos pasos en las licitaciones de obras públicas, hasta la autorización de un nuevo shopping en avenida Constitución. También tuvo su capítulo el debate por la preservación patrimonial. Después de una fuerte y amplia discusión, el Concejo autorizó por mayoría a la firma Illariy Emprendimientos a construir un edificio en el predio del chalet Ave María, conocido como “Mariano Mores”, ubicado en Alem 2499. Animado por ese aval, el gobierno municipal también presentó un proyecto para construir dos edificios en el predio del chalet Santa Paula, antigua residencia de Dardo Rocha, ubicada en garay al 1800. Cuestionado hasta por concejales afines a la gestión, su discusión quedará para el año próximo.
El día que Arroyo asumió, la barra del Concejo no estuvo poblada por militantes de su agrupación política: los que aplaudían y alentaban como si estuvieran en la tribuna de una cancha de fútbol eran los choripaneros. El intendente les había prometido que regularizaría la actividad y lo hizo a través de una ordenanza aprobada el 26 de mayo.
El gran logro, con todo, fue el nuevo Código de Publicidad, sobre todo por lo que representó en términos simbólicos. Su sanción llegó el 24 de noviembre, después de un acuerdo de la alianza oficialista con el Frente Renovador. La arroyista Patricia Leniz anunció que se recuperarían los puestos de trabajo perdidos por la aplicación del código de Pulti. Lucas Fiorini, el jefe del bloque del Frente Renovador, graficó que se había dado vuelta una “página oscura” de Mar del Plata. La pultista Claudia Rodríguez, en cambio, dijo que era “un gran paso atrás”. Sea como fuere, las idas y vueltas que tuvo en pocos años un código tan sensible como el de publicidad dejó al desnudo la falta de un acuerdo medular de políticas públicas.
Para cuando se aprobó el nuevo código, la mayoría oficialista ya no era tal. José Cano, que empezó como secretario estrella de Arroyo y renunció para ser concejal, finalmente se apartó del bloque oficialista. La alianza con el radicalismo tampoco es tan cristalina, menos después de la interna que en la que Mario Rodríguez derrotó a Baragiola. Ya se distingue un sector radical más alineado a la administración, que en el Concejo está representado por la jefa del bloque, Cristina Coria, y otro con tendencia a diferenciarse y cuestionar, encabezado por Rodríguez y en el que aparece Eduardo Abud, otro ex funcionario de Arroyo.
A fin de cuentas, salvo por los realineamientos políticos que se están gestando, el año legislativo termina como empezó: con una emergencia económica ?la prórroga de la primera? para ser convalidada en la última sesión y una discusión por el presupuesto y las tasas en la comisión de Hacienda. Una discusión que ratifica el grotesco contenido demagógico de la promesa de no subir las tasas que pronunció Arroyo la ya lejana noche de su triunfo electoral.