El proyecto de Consenso Fiscal firmado por el Gobierno nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, excepto San Luis, ingresó hoy al Senado de la Nación, con las modificaciones tributarias y previsionales acordadas con las provincias, que a su vez desistirán de sus juicios contra el Estado nacional.

Entre los puntos acordados entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores, se destacan la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, el compromiso de aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno y adherir a ese régimen antes del 30 de junio de 2018 y consensuar una nueva ley de coparticipación federal.

En el caso del régimen previsional, se acordó “impulsar inmediatamente” la modificación de la formula de movilidad de las prestaciones del mismo y que éste se ajuste trimestralmente “garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación”.

Además, “garantizar haberes equivalentes al 82% del salario mínimo, vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido los 30 años de aportes efectivos”, como así también la eliminación de las “inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegio”.

Por otro lado, se acordó la compensación por parte del Estado nacional a las provincias que adhirieron al acuerdo a través de transferencias diarias y automáticas con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018 producto de las derogación del artículo 104 de Ganancias y del aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque.

Asimismo, se propuso actualizar trimestralmente en los años siguientes dichas compensaciones con base a la inflación y emitir un bono para las provincias y CABA a 11 años de 5.000 millones de pesos en 2018 y de 12.000 millones de pesos de 2019.

La provincia de Buenos Aires recibirá a modo de compensación del artículo 104 del Impuesto a las Ganancias, en particular el inciso b que estipulaba que 10% de lo recaudado le correspondía a dicho distrito, 21.000 millones de pesos en 2018 y 44.000 millones para 2019, montos que se actualizarán a partir de 2020 en base a la inflación.
En contrapartida, el distrito bonaerense desistirá de continuar con el juicio iniciado al Estado nacional.

Por el lado de CABA, se decidió reducir “el porcentaje de participación de la misma en los impuestos coparticipables de forma tal de mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de las jurisdicciones”.

El Estado nacional también deberá aumentar para 2018 la asignación del presupuesto nacional a las cajas no transferidas “en la misma proporción que se incrementen en el resto de las prestaciones previsionales liquidadas por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y mantener un mecanismo de anticipos automáticos, sobre la base de los déficits determinados el año anterior”.

Por último, desde el Poder Ejecutivo se acordó eliminar los subsidios diferenciales para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en materia energética en 2019 y en transporte en 2021: financiar, con líneas de crédito especiales, programa de retiro o jubilación anticipada; y no crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota sobre Bienes Personales.

Las provincias acordaron “eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales por radicación; desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, a excepción de la minería; y establecer exenciones y aplicar alícuotas del impuesto (de Ingresos Brutos) no superiores a las establecidas para cada actividad”, para que progresivamente vaya disminuyendo o se elimine definitivamente.

También, la provincias deberán “abstenerse de iniciar procesos judiciales al régimen de coparticipación”, desistir “inmediatamente” de los procesos judiciales, entre ellas el iniciado por la provincias de Buenos Aires.

Respecto al impuesto inmobiliario decidió que las provincias deberán fijar dicha alícuota en un rango entre 0,5% y 2% del valor fiscal establecido; establecer una alícuota máxima de Impuesto a los Sellos del 0,75% a partir del 1° de enero de 2019, 0,5% en 2020, 0,25% en 2021 y eliminarlo a partir de 2022

Por último, se decidió establecer un régimen legal de coparticipación de recursos provinciales con los municipios, como así también, uno de responsabilidad fiscal para los mismos, similar al nacional, entre otros puntos.