Prisión domiciliaria a los imputados solo en ciudades distantes en relación al hecho, negativa a otorgar juicios a prueba salvo si la víctima lo solicita, detención automática de conductores ebrios y participación de los damnificados en la composición de la pena son las nuevas medidas que adoptará la fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata.

Este endurecimiento de la política criminal llega tras los insistentes reclamos de los familiares de víctimas de siniestros viales y en el final de un año 2017 en el que ya se han registrado 74 causas por homicidios culposos y cerca de 1.900 heridos, muchos de ellos motociclistas con graves secuelas permanentes.

La Fiscalía General de Mar del Plata acaba de colocar como refuerzo al fiscal Rodolfo Moure (titular de la fiscalía Descentralizada de Balcarce y la zona) para colaborar con Pablo Cistoldi tras el retiro de la controvertida María Teresa Martínez Ruiz. “La Fiscalía de Delitos Culposos adoptará medidas, si bien la Justicia no puede ser preventiva, con Cistoldi decidimos endurecer la política criminal para contribuir a la prevención de los siniestros de tránsito”, dijo Moure en diálogo con LA CAPITAL.

Las cifras son alarmantes en la fiscalía de Delitos Culposos: en el año 2017 ingresaron a 2.214 causas tanto lesiones culposas como homicidios culposos y hay un mínimo por delitos ambientales. En las primeras están las causas de malas praxis, que la mayoría son acaban con lesiones culposas. Durante el 2017 hubo 103 expedientes por fallecimientos, 29 judicializados como averiguaciones causales de muerte, 34 como homicidios culposos, 40 como homicidios culposos agravados. Esta suma comprende no solo Mar del Plata, sino también Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita.

Las nuevas medidas que ya están vigentes apuntan a que el Estado, por medio de la Justicia local, se muestre más punitivo. Que haya más castigo para quienes generan los mal llamados –en muchos casos- accidentes de tránsito.

En primer lugar y de ahora en adelante, no se van a otorgar más juicio a prueba (probation), salvo cuando la representación de la víctima lo solicite. También ser hará participar más a la representación de la víctima en las audiencias, sobre todo en las composiciones de pena cuando no esté de acuerdo con la pena que se puede pactar en juicio abreviado. Se le va a garantizar, por lo tanto, el derecho a juicio oral y que allí se resuelva la pena más justa.

Uno de los grandes aspectos criticados por los familiares de víctimas de este tipo de hechos es el otorgamiento de la prisión domiciliaria. Pasó recientemente con el caso de Lucía Bernaola y el beneficio al imputado Federico Sasso. A partir de esta nueva postura fiscal, en los arrestos domiciliarios la víctima participará activamente con su opinión y para el supuesto en que deba adoptarse dicha morigeración, el arresto se cumplirá en ciudades distantes al lugar donde se produjo el hecho imputado. El nuevo criterio entiende que otorgar arresto domiciliario en la misma jurisdicción provoca una influencia negativa en víctimas y testigos que deben declarar.

Otra de las medidas que entra en vigencia es una gran novedad: aquellas personas que realicen pruebas de velocidad, conocidas como “picadas”, serán detenidas y sus automóviles se decomisarán para destinarlos a uso público. En los próximos días la fiscalía de Delitos Culposos y la Municipalidad de General Pueyrredon, por medio de sus máximos representantes, se reunirán para coordinar este tipo de operativos.

También, una de las reacciones más controvertidas –probablemente- será la detención automática de conductores ebrios que provoquen maniobras temerarias. “Debemos enfocar el comportamiento del conductor ebrio como una conducta penal cuando haya manejo temerario”, puntualizó Moure.

Esta política criminal, algo así como una modificación casi al límite de la ley de su interpretación, ya está instalada como criterio en la Fiscalía de Delitos Culposos y comenzó a ser llevada a la práctica en las recientes causas iniciadas.