Con el voto de la mayoría oficialista, el Concejo Deliberante aprobó este viernes la adhesión del municipio al Régimen de Responsabilidad Fiscal impulsado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lo que permitirá que la gestión del intendente Carlos Arroyo continúe recibiendo ayudas financieras extraordinarias a cambio de someterse a un conjunto de estrictas pautas para la administración de los recursos y el gasto de la comuna.

El interbloque de Cambiemos consiguió sancionar el proyecto de ordenanza luego de que ese expediente fuera tratado el jueves por las recién constituidas comisiones de Hacienda y de Legislación, obteniendo en ambas despachos favorables.

La medida fue resuelta sin mayores sobresaltos debido a que actualmente el oficialismo cuenta con 13 concejales, lo que el permite tener mayoría tanto en las comisiones como en el plenario del cuerpo.

Por ese motivo, la negativa de la oposición a avalar la decisión no representó ningún contratiempo.
Dentro del oficialismo prevaleció el argumento de “fuerza mayor” para convencer a algunos de sus miembros, debido a que no todos se mostraron plenamente persiadidos de la conveniencia de que a comuna adhiriera a una norma que, consideran, recorta la autonomía municipal.

La Ley de Responsabilidad Fiscal fue sancionada por la Legislatura bonaerense a fines del año pasado y tiene su correlato con el Pacto Fiscal que todas las provincias firmaron con la Nación.

Básicamente, promueve un manejo “responsable” de las cuentas públicas, describiendo qué pueden y qué no pueden hacer los gobiernos locales en materia de ingresos y gastos.

La norma invita a los municipios a adherir, dejando en manos de los gobiernos qué decisión tomar.

No obstante fija algunos “castigos” para las comunas que no acepten sumarse, entre ellos, restringir el envío de ayudas extraordinarias y recortar la posibilidad de tomar deuda.
Ayer, antes de que el Concejo Deliberante tratara el tema, el intendente Arroyo expuso las razones por las que en su caso, su gestión promovió la adhesión.

“En realidad no tenemos otra salida. Sino no vamos a tener la ayuda de la Nación y Provincia que nosotros necesitamos para realizar grandes obra de infraestructura”, admitió.
En los últimos dos años, la gestión de Arroyo fue la que más auxilio de este tipo recibió para hacer frente al pago de gastos corrientes, tales como el pago de sueldos. Y lejos de mejorar, la situación continúa deteriorándose cada vez más.

Intento fallido

Por eso, acorralado por los problemas económicos que no acierta a resolver, días atrás el gobierno local había recurrido a una polémica estrategia para lograr que el municipio adhiriera al Pacto Fiscal.

En un momento en el cual el Concejo Deliberante no funcionaba por falta de comisiones, el jefe del bloque de Agrupación Atlántica-PRO, Guillermo Arroyo, convenció al presidente del cuerpo, Guillermo Saenz Saralegui, de que adoptara la medida a través de un decreto.

La maniobra protagonizada por el hijo del intendente y el titular del Concejo provocó tal malestar que Saenz Saralegui se vio obligado a firmar un nuevo decreto, anulando el anterior. Y Guillermo Arroyo pidió “disculpas” y ante sus pares reconoció la situación de apremio del gobierno de su padre.
“La adhesión es porque no queda otra. Hoy no estamos en condiciones de no adherir”, explicó.

Luego de aquél episodio y urgido por la necesidad, finalmente el oficialismo comenzó a allanar el camino para avanzar con el tema mediante un trámite más convencional y fue así como luego de que el tema se tratara en las comisiones, este viernes llegó al recinto.

Allí los bloques de la oposición plantearon su rechazo a la medida. Uno de ellos fue Unidad Ciudadana y el otro 1País, que promovió un proyecto propio para que la adhesión tuviera como fecha de vencimiento el mes de diciembre de 2019.

El jefe de esa bancada, Ariel Ciano, justificó esa propuesta indicando que la Ley de Responsabilidad Fiscal “recorta la autonomía de los municipio” y no debería convertirse en un condicionante para el próximo intendente.

Las pautas del Régimen, dispuestas mediante la Ley 14984 pretenden fijar “parámetros que tienden a un manejo prudente de las finanzas municipales para dar mayor eficiencia a los recursos”.

Las pautas del pacto

Si bien varios municipios ya comenzaron a adherir, otros se están negando a hacerlo.
Entre sus disposiciones, la norma impone la reducción del déficit y establece un límite del 10% de los recursos corrientes para el endeudamiento.

A la vez no permite un aumento de los gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Dentro de las condiciones de transparencia y compromiso fiscal, dispone que los intendentes, en los seis meses previos a dejar el cargo, no deben tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente o dispongan de los bienes municipales.

Además, invita a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad e Higiene y Alumbrado, Barrido y Limpieza (actual TSU).

En esa misma dirección, la nueva norma obliga a los municipios a que acompañen sus proyectos de presupuesto con información más detallada sobre proyecciones de recursos y gastos, el stock de deuda municipal y la descripción de las políticas presupuestarias que sustentan esas previsiones.

Establece, a su vez, que las comunas deberán realizar una actualización cada tres meses de la ejecución presupuestaria, al tiempo que exige elaborar un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada municipio y sus niveles salariales.