La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) trasladó este lunes su reunión ejecutiva mensual a Mar del Plata, donde presentó un informe especial que documenta en detalle la “violencia estatal” ejercida por el gobierno municipal y denuncia una política sistemática de hostigamiento, represión y discriminación contra personas en situación de calle y trabajadores de la economía informal, como cuidacoches y limpiavidrios, a quienes habitualmente el intendente Guillermo Montenegro denomina “fisuras” y “delincuentes” en sus redes sociales.

“La violencia estatal desplegada por el gobierno municipal de General Pueyrredon” es el título del completo documento de 32 páginas que fue dado a conocer por la tarde en la sede local de la Asociación Judicial Bonaerense.

Por cierto, no se trata de un pronunciamiento aislado: en enero, la CPM, organismo presidido por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, ya había presentado una denuncia penal contra el intendente Montenegro. La gravedad de los hechos relatados motivó, en este caso, la decisión de sesionar excepcionalmente en Mar del Plata para expresar preocupación y repudio frente a las “violaciones de derechos humanos”.

El informe expone un entramado de prácticas que, según señala la CPM, constituyen “acciones abiertamente ilegales” por parte de la Patrulla Municipal, un cuerpo creado por el gobierno local (durante la pandemia) con funciones que hoy “exceden sus competencias” y que, de hecho, “se arroga facultades policiales”. El documento la define como “una policía creada de facto”.

Entre los hechos denunciados se incluyen “privaciones ilegales de la libertad, agresiones físicas, verbales y psicológicas, sustracción de pertenencias y expulsión del ámbito de vida y subsistencia”.

Según el informe, el Cuerpo de Patrulla Municipal actúa como una fuerza de tareas, con operativos nocturnos, agentes “encapuchados” y vehículos sin patente. En ese sentido, el documento incluye denuncias de personas agredidas física y verbalmente por agentes municipales, aseguran ser “pateados”, “cacheteados”, insultados y discriminados en su condición, además de que les sustraen sus pocas pertenencias. El documento desliza que esta violencia “no resuelve la inseguridad” ni revierte el hecho de que estas personas vivan en la calle.

Discursos de odio

La CPM resalta que estas acciones no son excepcionales ni aisladas: “Se trata de una política promovida desde el Ejecutivo local, celebrada en redes sociales por el propio intendente”. El informe menciona expresamente las sucesivas publicaciones de Montenegro en Instagram y X (ex Twitter), donde comparte ya conocidos videos de operativos violentos contra quienes define como “fisuras” y “delincuentes”.

Precisamente sobre ese punto, el informe aclara: “El intendente justifica este accionar alegando que se trata de personas que cometen o cometieron delitos. Si esto fuera así (que no ocurre en la mayoría de los casos) el Municipio debe actuar dentro de la ley y no reprimir esos delitos cometiendo delitos más graves. Las autoridades no pueden exigir que se cumplan las leyes si no son las primeras en cumplirlas. Estas conductas implican ingresar en el terreno de la arbitrariedad y el autoritarismo. No contribuye a lograr una sociedad más segura sino todo lo contrario. Una sociedad más segura se logra cuando los gobiernos cumplen con las leyes y los principios republicanos de gobierno, respetan los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y no se desentienden de los problemas sociales de los más vulnerados”.

Cuando se dice basta, es basta. Andá a boquear a la autoridad en otro país… Terminás preso o abatido. pic.twitter.com/jTEXzUYO3X

— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) January 21, 2025

La organización marca que estas expresiones constituyen “discursos de odio” desde el Estado, lo cual representa un agravante: “El intendente promueve e incita la hostilidad hacia grupos especialmente vulnerables, lo que alimenta un ambiente de intolerancia que habilita la violencia social e institucional”, denuncia el texto, y recuerda que incluso la UNESCO ha definido estos discursos como “expresiones que incitan al daño con base en la pertenencia a un grupo demográfico”.

“Graves violaciones”

El informe también documenta múltiples testimonios de personas que afirman haber sido golpeadas, amenazadas, corridas, insultadas y despojadas de sus pertenencias por agentes municipales que, en algunos casos, actuaron “de manera conjunta con la Policía de la provincia de Buenos Aires”.

Uno de los relatos incluidos describe: “Estaba recostado sobre el pasto en la plaza pública en Córdoba y diagonal Alberdi, cuando una mujer policía uniformada me grita ´negro de mierda levantate de acá, no podes estar´. Cuando le dije que estoy en situación de calle me responde ´¿qué pingo me importa?´ Le dije que si tenía un problema que se comunique con la fiscalía, me respondió ´no me importa un pingo, conmigo de espaldas contra el árbol´ (…) me da varias cachetadas fuertes en la cara y cuello. Ahí se acercaron los empleados municipales y me dijeron: ´Hay un decreto de la municipalidad que dice que usted no puede dormir en la calle y que la próxima vez le vamos a sacar las cosas o los vamos a poner en un tren y mandarlos para Buenos Aires; la mujer policía me dijo ´si te agarramos a la noche la vas a pasar mal, te vamos a hacer desaparecer´”.

Otra denuncia menciona una agresión dentro de un banco: “Me propinó cachetadas, después llegaron otros municipales encapuchados y me empezaron a golpear con puños y patadas. Me sacaron la colcha. A otra persona la dejaron, a mí me pegaron y me robaron”.

La CPM también recogió testimonios de voluntarios que reparten comida por las noches: “Se mueven en camionetas sin patente. Al encontrar a una persona durmiendo en algún espacio que ellos consideran no apto proceden a despertar a la persona y en todos los casos le sacan sus pertenencias (colchones, mantas, algunos elementos de trabajo, etc.); si la persona se resiste es golpeada por varias personas a la vez e incluso humillada y obligada a dejar pertenencias más esenciales como sus zapatillas o teléfono como modo de castigo adicional”.

Estrella Michelin para este fisura que quiso hacer fideos con tuco a la parrilla en plena costa. Ni Francis Mallmann se animó a tanto. pic.twitter.com/ch2JlV5bfl

— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) March 28, 2025

Armas “menos letales”

Otro de los puntos señalados en el informe es la implementación de armas “menos letales” por parte de la Patrulla Municipal, como las pistolas Byrna, que en plena temporada comenzó a utilizar un grupo de agentes.

“De manera ilegal se le asignan funciones reservadas a la autoridad policial: portación de armas, aprehensiones, cacheos, secuestro de pertenencias”, expresa el documento sobre este punto.

La CPM advierte que el uso de cualquier tipo de armamento por parte de agentes municipales está vedado por la ley, y recordó que “los municipios no pueden crear fuerzas policiales”.

“Más allá de su uso, resulta necesario destacar que los agentes municipales no están facultados para portar ni emplear ningún tipo de armamento”, aclara el informe y remarca que “por ley, los únicos funcionarios estatales que tienen la facultad de portar armas en el marco de la seguridad pública bonaerense son los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires y otras fuerzas policiales o de seguridad que intervengan en territorio provincial”.

Investigar y condenar

Finalmente, el informe repudia con firmeza la “violencia estatal” promovida y “celebrada” desde el Ejecutivo municipal, pero también cuestiona al Concejo Deliberante (la CPM le solicitó en febrero que investigue estos hechos) por su “negativa” a “ejercer sus funciones de investigar” y resolver “archivar la presentación de la CPM sin tratamiento alguno, dando cuenta también de los déficits en el funcionamiento de esos controles republicanos indispensables para el fortalecimiento de la democracia”.

Finalmente, los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria exhortaron al Poder Judicial a actuar con urgencia para poner fin a las “prácticas ilegales” denunciadas. “El Poder Judicial tiene ahora la responsabilidad de investigar y condenar a los responsables de estos delitos, y poner un límite a estas graves violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades y agentes del Municipio de General Pueyrredón”.