Otro conflicto atraviesa por estas horas la relación entre la secretaria de Asuntos de la Comunidad, Stella Maris Marinier, y los vecinalistas del barrios Los Acantilados, quienes días atrás enviaron una carta documento al intendente Carlos Arroyo ante la falta de convocatoria para firmar el Convenio 2017. La funcionaria adujo que el problema se debía “irregularidades” propias de la institución, despertando el enojo de los fomentistas, quienes emitieron un duro comunicado en el que detallaron las presuntas “mentiras de Marinier“.

El contrapunto inció con las declaraciones que la funcionaria envió a los medios locales. Según señaló, la sociedad de fomento debería, desde el año 2010, cuotas en Personería Jurídica de Provincia. Esta falta de pago sería la razón por la cual la institución no fue convocada a la firma de un nuevo acuerdo para el corriente, uno de los principales reclamos esbozados en los últimos días por el grupo vecinal. “Una vez que regularicen esa situación estarían en condiciones de volver a tener un subsidio del municipio”, aseguró en el escrito que acompañó con imágenes de los documentos que dan cuenta de lo afirmado.

Vale recordar, sin embargo, que además de la falta de convocatoria para firmar un nuevo acuerdo, los fomentistas señalaron que otra de las razones que motivó la desvinculación de cualquier “obligación formal” de prestación de servicios fue la vigencia de una deuda cercana a los $70.000 correspondiente al acuerdo de 2016.

“La señora Stella Maris Marinier ha contestado nuestros requerimientos a través de un medio periodístico con un sinnúmero de falsedades y en el tono prepotente que la caracteriza. Lejos de cumplir con su función específica, que debe ser la de favorecer el acercamiento de los vecinos a las entidades vecinales y a éstas con el Estado Municipal, sus intervenciones atentan nuevamente contra el normal funcionamiento del fomentismo marplatense”, iniciaron el escrito enviado a los medios.

Un ida y vuelta de acusaciones

Los vecinalistas aseguraron que la deuda ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas a la que Marinier se refiere es “falsa”, dado que “a la fecha, ninguna documentación se encuentra pendiente de acreditación”. Y agregaron: “Utiliza como fuente un dictamen del año 2016”.

A su vez, y bajo el polémico título de “Las mentiras de Marinier”, las autoridades de la Asociación Vecinal de la zona sur hicieron mención a las acusaciones que esbozó publicamente la funciaria. Estas estuvieron vinculadas a la no restitución tractores y otros elementos de mantenimiento de los espacios al municipio y a una presunta “infracción a la ley” por la explotación comercial de un estacionamiento “sin autorización municipal”.

“En ningún momento esto (la restitución de maquinaria municipal) fue solicitado de forma fehaciente como corresponde al procedimiento administrativo, como tampoco se ha comunicado de forma alguna que será el municipio quien se ocupe de estas tareas, de qué forma, desde cuándo y desde que dependencia municipal se haría”, señala la primera parte del descargo.

“Sus falsedades también invocan una explotación comercial ilegal de un espacio público en la costa, para estacionamiento en la temporada 2016/2017. Sea por malicia o por ignorancia, la funcionaria niega los derechos otorgados por Ordenanzas 17.753 y 18.421, como también los rindes contables presentados en tiempo y forma al Departamento de Recursos Turísticos”, subrayan.

La deuda

Así las cosas, la funcionaria municipal aseguró a LA CAPITAL contar con toda la documentación que respalda sus dichos. “La presentaré en el Concejo Deliberante”, señaló, y aseguró que la misma corresponde a los registros del área contable del Municipio.

A su vez, aseguró que la deuda que se mantiene con la institución es de $2.740 y no “más de $70.000” como establecieron los vecinos. “Contamos con el comprobante que explica el monto”, aseguró.

Por su parte, la asociación le reclama que aclare cómo arriba a esa cifra y ratifica: “Lo real es que está pendiente de pago al día de hoy, los meses de noviembre y diciembre de 2016 por $37.200 cada uno. Solo basta consultar en la Secretaría de Hacienda”, insisten.

“Lo que la funcionaria oculta es que la no renovación de los Convenios en el marco de la Ordenanza 6217 afecta al 70% de las sociedades de fomento del Partido de General Pueyrredon. Sin convenio vigente, el municipio tampoco abona las deudas del pasado ejercicio, lo cual le reporta un ahorro de muchos millones de pesos a las arcas municipales y que también se proyecta en el presupuesto 2018”, indicó.

En este sentido, los vecinalistas invitaron a la funcionaria a concurrir a la sede “y compartir de cara con los vecinos la búsqueda de soluciones”. También hicieron extensiva la invitación a los concejales de General Pueyrredon.