Después de que el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños realizara una asamblea para elegir a su nueva terna coordinadora y acusara al gobierno municipal de haber cometido un “acto intimidatorio”, la administración que conduce Arroyo cuestionó en duros términos al organismo.

“Una vez más, sectores estrechamente vinculados al kirchnerismo demuestran un profundo rechazo a la figura y gestión de quien fuera legítima y masivamente ungido como intendente por el voto popular, y se escudan en la defensa de derechos sociales para intentar imponer políticas públicas que son resorte exclusivo del Departamento Ejecutivo”, aseguró el subsecretario Legal y Técnico, Gustavo Gil de Muro.

Ayer, el denominado Consejo de la Niñez realizó la asamblea ordinaria de septiembre. Allí se eligió la terna para ser elevada al Poder Ejecutivo, “tal como marca la ordenanza Nº 18897”, informó.

Antes de la elección, los coordinadores José Alfaya y María de los Ángeles Lorenzo recibieron una carta documento firmada por Gil de Muro. El subsecretario les solicitaba que se abstuvieran de elevar una nueva terna de autoridades.

Pero no solo hicieron caso omiso al pedido, sino que además lanzaron fuertes críticas al gobierno. “Este es otro acto intimidatorio más por parte del gobierno de Arroyo. Claramente esto es una represalia por el amparo que presentamos en defensa de los derechos de los chicos”, señalaron.

Aludían a la acción de amparo de incidencia colectiva y “por la grave amenaza al ejercicio del derecho a la cultura y al derecho a la educación de más de 13200 chicos de General Pueyrredon” que presentaron en la Justicia el 3 de junio junto a la Defensoría del Pueblo.

“Primero fueron palabras agraviantes sobre nuestra legitimidad, luego nos sacaron la sede de funcionamiento y ahora nos envían un carta documento para impedir nuestro normal funcionamiento. Estas prácticas son antidemocráticas”, denunciaron desde el Consejo.

La respuesta

“El Municipio rechaza los términos y acusaciones que en el día de ayer han formulado por diferentes medios los autodenominados coordinadores y autoridades del Consejo Local de la Niñez, desmintiendo, a su vez, haber llevado adelante acciones intimidatorias y antidemocráticas”, respondió hoy Gil de Muro.

El funcionario recordó que el gobierno ya hizo “la defensa jurídica en el amparo judicial” que se presentó contra el intendente “careciendo de legitimación”.

“Estamos convencidos que la planificación de las políticas públicas es una cuestión y decisión política no sujeta a revisión judicial, mientras no se afecten derechos ni se transgredan normas legales. La Justicia puede controlar el accionar del Estado, pero no suplir su actuación en materia de definición de acciones de gobierno”, agregó.

El subsecretario legal y técnico afirmó que “los derechos de los niños son universales, irrenunciables e indelegables” y que “no hay mayor garante de los mismos que el Estado nacional, provincial y municipal, pero lamentablemente quienes detentan el Consejo Local de la Niñez se escudan en la noble causa para intentar recuperar prebendas y beneficios económicos que de manera irregular obtuvieran en la anterior gestión de gobierno municipal, al margen de las necesarias previsiones presupuestarias”.

Gil de Muro dijo que la gestión de Arroyo “no se apartará jamás del procedimiento de designación de autoridades del Consejo Local de la Niñez, regulada por la ordenanza 18.897, sancionada en el año 2009”.

“Por ello –acotó– hemos comenzado hace más de un mes a cursar las invitaciones a distintas instituciones, organizaciones y actores sociales, educativos y culturales (colegios profesionales, universidades, gobierno provincial, organizaciones sociales, Concejo Deliberante), con el propósito de que designen a sus representantes para poder conformar regular y legalmente el referido cuerpo para darle el marco de de legalidad y así elevar la terna al Departamento Ejecutivo para que el intendente municipal designe al coordinador general”.

“Sin embargo, las personas que convocaron a la asamblea realizada el pasado día 20 de septiembre de 2016 carecen de legitimidad para ello, por cuanto no fueron designadas en el marco del procedimiento previsto por la propia ordenanza”, añadió.

Gil de Muro tildó de “irregular” la convocatoria a asamblea y de “anulables” las designaciones que allí se hicieron. “Lamentamos que quienes deben actuar como asesores y colaboradores del Ejecutivo dentro de la órbita municipal pretendan transitar el camino de la autogestión de políticas públicas e imposición de medidas y acciones de indudable índole gubernamental. Invitamos a estos sectores al debate democrático, a transitar el camino de la tolerancia, el respeto de las normas legales y a la defensa de las instituciones democráticas, siempre en el marco del estado de derecho”, concluyó Gil de Muro.